Estados Unidos
Reflexiones sobre el deber ser
¿Democracia o despotismo?
Solo a través de un genuino Estado democrático de derecho se podrá sanear la justicia oficial.
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El proceso de democratización de Guatemala, que se inició con la apertura política de mediados de los 80 del siglo pasado ha sufrido graves perturbaciones antidemocráticas e inconstitucionales, a saber: (i) los fallidos intentos de golpe de Estado contra el legítimo gobierno de Vinicio Cerezo (1986-91); (ii) el frustrado autogolpe de Estado perpetrado por el gobernante Jorge Serrano (25 de mayo de 1993); (iii) la habilitación por parte de la 4a. magistratura de lo constitucional de la candidatura presidencial del exlíder golpista Efraín Ríos Montt, a pesar de que tenía impedimento constitucional, que fue repudiada en las urnas en 2003; y, posteriormente, el ilícito enjuiciamiento de la Constitución fue expulsado de la jurisprudencia constitucional; (iv) la pretensión del oficialismo (2011) de perpetuar un régimen dinástico, a través de la inconstitucional candidatura presidencial de Sandra Torres, esposa del presidente Álvaro Colom durante su período de funciones (2008-12); (v) la inhabilitación inconstitucional, perpetrada por la justicia oficial, en 2019 y 2023, de candidaturas presidenciales opositoras indeseables, que lideraban la intención de voto; (vi) la 7a. y 8a. magistraturas de lo constitucional despojaron al Tribunal Supremo Electoral de su jurisdicción político electoral, rebajándolo a un ente administrativo subordinado a la justicia ordinaria; y (vii) la pretensión de anular la legítima elección presidencial en 2023, así como de malograr la alternancia en el ejercicio del poder, a través de una dictatorial judicialización de la política.
Al despotismo le es inherente el ejercicio tiránico del poder.
La democracia liberal se funda en la separación de poderes, el respeto de los derechos humanos, el pluralismo, la alternancia, la celebración de elecciones libres y justas, el libre juego de opiniones y la constitucionalidad. Al despotismo, por el contrario, le son inherentes el ejercicio tiránico del poder, la intolerancia, la propaganda del odio, la censura, la arbitrariedad, la deshumanización, el expolio y el terrorismo de Estado.
Sin duda, la consolidación de la oligarquía partitocrática ha viabilizado la concentración de poder y la anulación del sistema de frenos y contrapesos, basada en el abuso de poder, la cleptocracia, la ausencia de castigo, la desinformación, el empoderamiento de la mafia y la criminalización de indeseables.
Hoy día, la oligarquía partitocrática pretende estafar a la ciudadanía con la falsa dicotomía de derecha e izquierda; sin embargo, no debemos llamarnos a engaño. La experiencia dicta que todos los regímenes autoproclamados de derecha e izquierda han sido populistas, abusivos y corruptos. Por lo tanto, nuestro desafío está en detener la propensión al totalitarismo y la violencia organizada, así como retomar la transición hacia una democracia funcional. Al efecto, la ciudadanía, a sabiendas del debilitamiento de la prensa independiente, debe intensificar el uso de internet, redes sociales e intercambio de información en tiempo real, que está resultando muy eficaz en comunicar, denunciar, llamar a la acción, así como en frustrar las ambiciones despóticas y exigir una profunda reforma del Estado, con orientación al bien común.
Solo a través de un genuino Estado democrático de derecho se podrá sanear la justicia oficial, proteger los derechos humanos, garantizar el derecho al sufragio y optimizar la prestación de los servicios públicos, por medio de una responsable ejecución presupuestaria, regida por la desburocratización, la erradicación del clientelismo, el castigo del enriquecimiento ilícito y la rendición de cuentas.
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