Estados Unidos
Alternativas
Después de veinticuatro años
La pregunta ya no es cuánto dinero recibe el sistema, sino qué capacidad posee para transformar recursos en desarrollo.
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Los Consejos de Desarrollo cumplen veinticuatro años de existencia. Han transcurrido ocho administraciones presidenciales, se han transferido miles de millones de quetzales hacia municipios y comunidades y una generación completa de guatemaltecos ha llegado a la vida adulta. El sistema fue concebido para impulsar el desarrollo territorial y reducir los rezagos históricos que afectan a amplias regiones del país. Después de tanto tiempo, resulta legítimo preguntarse qué transformaciones estructurales deberían ser visibles en las comunidades para las cuales fue creado.
Los indicadores reflejan un progreso marginal. La pobreza nacional pasó de 59.3% en 2014 a 56.0% en 2023. La desnutrición crónica en menores de 5 años se redujo de 46.5% a 42% durante la última década. La esperanza de vida aumentó y la mortalidad infantil disminuyó. Sin embargo, los avances observados no han alterado de manera significativa la situación social y económica de los territorios históricamente más rezagados. Alta Verapaz continúa registrando niveles de pobreza cercanos al 90%, Quiché supera el 86% y Huehuetenango, el 81%. Los indicadores de educación, salud y nutrición presentan un comportamiento similar. Existen pequeñas mejoras, pero las brechas estructurales permanecen profundamente arraigadas.
La situación resulta particularmente relevante porque la presencia del gobierno central disminuye conforme uno se aleja de la capital y de los principales centros urbanos. En amplias zonas rurales, la municipalidad constituye la autoridad pública con mayor presencia en la vida cotidiana. Son los gobiernos municipales los que deciden sobre infraestructura, servicios, prioridades territoriales e inversión local. Para millones de guatemaltecos, la experiencia más tangible del Estado no proviene de los ministerios ni de las instituciones centrales, sino de la municipalidad.
Lo que nunca hemos logrado es construir la capacidad institucional necesaria para transformar esos recursos en desarrollo real y duradero.
La persistencia de los rezagos plantea una pregunta incómoda. Durante más de dos décadas se han sucedido gobiernos de diferentes orientaciones políticas, se han ampliado los recursos destinados al desarrollo territorial y se han fortalecido las estructuras encargadas de administrarlos. Sin embargo, los departamentos con los mayores rezagos sociales continúan ocupando posiciones similares. Después de tanto tiempo, resulta difícil sostener que el problema principal siga siendo únicamente la falta de recursos.
La pregunta ya no es cuánto dinero recibe el sistema, sino qué capacidad posee para transformar recursos en desarrollo. Los recursos son indispensables, pero por sí solos no producen prosperidad. El dinero puede financiar proyectos; solo instituciones eficaces pueden convertir esos proyectos en desarrollo sostenible. Cuando la transformación esperada no ocurre, el problema deja de ser financiero y se vuelve institucional.
La pregunta es inevitable. ¿Poseen las instituciones municipales y nacionales la capacidad de transformar recursos en desarrollo sostenible, o simplemente han aprendido a administrar cantidades cada vez mayores de dinero? Hemos tenido tiempo. Han pasado ocho gobiernos. Se han transferido miles de millones de quetzales hacia los territorios con mayores necesidades. Si, después de una generación completa, las mejoras siguen siendo marginales, la conclusión resulta difícil de ignorar: el desafío principal ya no parece ser la disponibilidad de recursos. Lo que nunca hemos logrado es construir la capacidad institucional necesaria para transformar esos recursos en desarrollo real y duradero.
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