De mis notas

El barato negocio de bloquear

Es la escuela perfecta del chantaje politiquero: pocos ponen el bloqueo, miles sufren las consecuencias y todos terminamos pagando la solución.

Hagamos números sencillos. Si a un grupo de 10 personas se les pagaran Q300 por día para cerrar un punto estratégico, el costo sería Q3,000. Con 15 serían Q4,500. En un paro reciente se registraron hasta 14 puntos bloqueados simultáneamente.

Si bloquear funciona se vuelve método mañoso.

Con esa hipótesis, paralizar 14 puntos neurálgicos podría costar entre Q42 mil y Q63 mil diarios. Una ganga.

El problema es que la factura no la pagan quienes bloquean. La paga usted.

La paga el trabajador que no llegó a tiempo y perdió el día. La paga el pequeño empresario que no pudo entregar. La paga el camión detenido durante horas. La paga el comercio que no recibió producto. La paga la señora que perdió una cita médica. La paga el muchacho que llegó tarde a su trabajo y tuvo que explicar que media Guatemala estaba secuestrada por unas cuantas personas atravesadas en la carretera.

Y aquí empieza lo verdaderamente peligroso. Porque si bloquear funciona, se vuelve método mañoso.

El mensaje que queda es sencillo: cierre una carretera, cause suficiente molestia, genere pérdidas, aguante unas horas y tarde o temprano alguien del Gobierno llegará a negociar con quien le pagó.

Después vendrá el subsidio, la exención, la promesa politiquera o la mesa técnica. Cambia el nombre, pero el mecanismo es el mismo.

Eso sienta un precedente pésimo. Manifestarse es un derecho. Protestar también. Pero impedir la libre locomoción y el derecho al trabajo de miles de personas es otra cosa. No hay que darle demasiadas vueltas. Cuando se bloquea una carretera y se impide el paso, el Estado debe hacer cumplir la ley.

Y, si es necesario, con la fuerza legítima que la propia ley le otorga.

No estoy hablando de repartir garrotazos por deporte ni de abusos policiales. Estoy hablando de algo mucho más elemental: que el Estado cumpla su función y garantice que una minoría no se apropie de una vía pública y decida quién pasa y quién no.

Porque cuando no lo hace, ocurre lo inevitable: se aprende la lección; bloquear sale rentable.

Y para terminar de perfeccionar el absurdo, después viene el subsidio.

Y el subsidio tampoco cae del cielo. Sale del mismo bolsillo del ciudadano que pasó horas atrapado en la carretera. El Gobierno no produce dinero: lo recauda, lo pide prestado o deja de gastarlo en otra cosa. Así que, después de perder tiempo y productividad por el bloqueo, terminamos financiando con nuestros impuestos la concesión obtenida mediante presión. Y todavía queda la pregunta incómoda: ¿cuánto de ese subsidio realmente llega al consumidor en la bomba?

Peor aún, cada concesión manda un mensaje al siguiente grupo organizado: si quiere atención, no presente argumentos; consiga gente, escoja unos cuantos puntos neurálgicos y cierre carreteras. Mientras mayor sea el daño, mayor será su poder de negociación. Es la escuela perfecta del chantaje politiquero: pocos ponen el bloqueo, miles sufren las consecuencias y todos terminamos pagando la solución.

Primero se paraliza la economía. Después el Estado gasta dinero público para apagar el incendio politiquero. Y encima nadie puede garantizar que todo ese subsidio llegue limpio y completo al consumidor en la bomba.

Es decir, perdemos dos veces. Perdemos productividad por los bloqueos y luego comprometemos recursos del presupuesto para contener sus consecuencias. Jodidos estamos

ESCRITO POR:

Alfred Kaltschmitt

Licenciado en Periodismo, Ph.D. en Investigación Social. Ha sido columnista de Prensa Libre por 28 años. Ha dirigido varios medios radiales y televisivos. Decano fundador de la Universidad Panamericana.