Estados Unidos
Punto de encuentro
El blindaje de la impunidad
Se siguen tapando con la misma chamarra.
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30-7-26 |Prensa Libre| La jueza María Belinda Sandoval, del Juzgado de Diligencias Urgentes, rechazó la solicitud del Ministerio Público (MP) que buscó órdenes de captura contra los exjefes fiscales Rafael Curruchiche y Saúl Sánchez, por aparentes abusos en su paso por la institución. Aunque negó las órdenes de captura, para el caso de Curruchiche, había accedido a una cita para audiencia de primera declaración.
La reforma a la manera en la que se elige a las autoridades judiciales es urgente e impostergable.
30-7-26 |Prensa Comunitaria| Juez Fredy Orellana revocó una orden de allanamiento y una citación de primera declaración contra Rafael Curruchiche, medidas que habían sido autorizadas previamente. Esa resolución frenó las primeras acciones que el MP pretendía iniciar en la primera fase de la investigación.
11-8-26 |La Hora| MP de García Luna enfrenta bloqueo judicial: jueza retrasa cuatro meses audiencia de Saúl Sánchez. El exjefe de la Fiscalía de Delitos contra el Patrimonio Cultural de la Nación Saúl Sánchez, cercano a la exfiscal general Consuelo Porras, debía comparecer este jueves ante un juzgado de Sacatepéquez; no obstante, el Ministerio Público confirmó que la audiencia fue reprogramada para el 8 de diciembre.
11-8-26 |Con Criterio| Tercer revés para el MP: juzgados posponen citación de Curruchiche y Sánchez. Las diligencias judiciales contra exfuncionarios del MP vinculados con Consuelo Porras generan dudas sobre la actuación de los fiscales y jueces. Mientras Saúl Sánchez deberá comparecer por un caso de allanamientos ilegales, Rafael Curruchiche, exjefe de la Feci, ni siquiera tiene agendada diligencia.
5-8-26 |Infobae| Walter Mazariegos, rector de la Usac, recupera finiquito por orden judicial. La Sala Sexta de lo Contencioso Administrativo ordenó a la Contraloría General de Cuentas entregar en cinco horas el finiquito a Walter Ramiro Mazariegos Biolis, rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala, una decisión que le restituye el documento exigido por ley para ejercer el cargo aunque continúan registradas tres denuncias penales en su contra ante el Ministerio Público.
Las anteriores son extractos de noticias publicadas por medios nacionales e internacionales que desvelan cómo el aparato judicial guatemalteco sigue estando al servicio de la impunidad.
Haría falta más espacio en esta columna para enumerar —además— los recientes fallos que beneficiaron a personajes señalados en grandes casos de corrupción que fueron absueltos o recibieron beneficios procesales. Lo cierto es que la cooptación del sistema de justicia por redes clientelares y de tráfico de influencias —que alcanzan también a las altas cortes— continúan con un patrón bien definido: procurar impunidad para amigos y aliados y persecución penal indebida para las personas a quienes consideran “enemigos” del sistema.
Lo resumía muy bien ayer el colega Diego España en la nota de La Hora “El sistema judicial que acompañó a Porras sigue en pie”, en la que da cuenta del terreno en que se está moviendo el MP de García Luna: “una Fiscalía que intenta revisar actuaciones de la administración anterior mientras los tribunales continúan en manos de estructuras formadas durante ese mismo período”.
Porque está claro que aunque el MP fue, durante los últimos ocho años, la punta de lanza de la maquinaria proimpunidad y procriminalización, el trabajo sucio no podía hacerlo sin la connivencia de juezas, jueces y magistrados que avalaran/consintieran/ordenaran un sinfín de tropelías contra el debido proceso y la aplicación independiente de la justicia.
Está claro también que la reforma a la manera en la que se eligen las autoridades de las altas cortes, cortes de Apelaciones y otras instituciones claves como el MP, la Contraloría y el TSE es urgente e impostergable. De lo contrario, seguiremos viendo cómo se siguen protegiendo y tapándose con la misma chamarra.
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