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Punto de encuentro
El costo de hacer periodismo en Centroamérica
El silencio no es opción.
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Agresiones, vigilancia, hostigamiento, exilio, desplazamiento, cárcel, persecución penal indebida, intimidación, desprestigio, espionaje y violencia digital, demandas civiles, asesinatos, denegación y restricción de acceso a la información pública, afectaciones a la familia y al entorno cercano, asfixia económica.
El periodismo centroamericano sigue siendo uno de los últimos pilares de defensa democrática y del derecho de la población a estar informada.
Estos son algunos de los ataques que destacan en el informe Lo que cuesta contar, que la Red Centroamericana de Periodistas (RCP) presentó la semana pasada sobre el estado de la libertad de prensa en Centroamérica durante el periodo 2023-2025.
El documento de 140 páginas constata el gravísimo retroceso de la libertad de expresión y de prensa en nuestra región y sistematiza las principales agresiones que enfrentan las y los periodistas en un entorno de degradación democrática y consolidación de los autoritarismos a nivel regional y global.
El informe se realizó a partir de una encuesta en línea y de entrevistas a profundidad con colegas de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá y recogió datos de otros estudios sobre acceso a la información, libertad de expresión y libertad de prensa elaborados por organizaciones locales e internacionales. El documento puede consultarse en el sitio web: www.periodistascentroamericanos.org.
Uno de los hallazgos principales es que la mayoría de los ataques proviene de la institucionalidad estatal y que presidentes, congresistas, alcaldes y otros funcionarios de alto nivel son los actores que estarían detrás de muchas de las agresiones. También hay una coincidencia en que la estrategia de criminalización, a través del uso indebido del derecho penal y de demandas civiles por delitos contra el honor, es una de las formas recurrentes en que se busca silenciar a periodistas críticos y evitar que continúen publicando.
Aunque hay claras diferencias entre los países y, como en el caso de Costa Rica y Panamá no se alcanza la degradación que existe en el resto del istmo, en las seis naciones hay una clara tendencia regresiva y una hostilidad contra la prensa independiente que se manifiesta no solo en discursos públicos abusivos sino en permanentes campañas de descalificación y desprestigio que, en no pocas ocasiones, anteceden a la persecución penal o a las demandas civiles contra periodistas.
El uso de recursos públicos para financiar las granjas de troles o los net centers como les llamamos en Guatemala, que replican mensajes de odio y ejercen violencia digital, es especialmente preocupante y tiene objetivos perversos: descalificar la labor de medios y periodistas para generar un clima antiprensa y acabar con su credibilidad, que es el activo más valioso de quienes ejercemos este oficio. Al equiparar a periodistas con delincuentes y endilgarles delitos, la intención no es solamente refundirlos en la cárcel, obligarlos al exilio o generar autocensura, sino socavar la confianza ciudadana en sus investigaciones y publicaciones.
Los impactos de estos ataques en el caso de las mujeres periodistas alcanzan niveles alarmantes. No se descalifica solamente su trabajo, también su condición de género y el rol que desempeñan en la sociedad. Hay una carga de violencia machista y sexual y las agresiones también se dirigen a su familia y a su entorno cercano. Cuando se trata de comunicadoras indígenas se les denigra en su triple condición.
Pero este informe también permite constatar la enorme vocación democrática del periodismo centroamericano que, en circunstancias tan difíciles, continúa informando sobre aquello que los actores de poder político, económico, militar y criminal quieren mantener oculto. Aunque les pese, el periodismo en nuestra región sigue siendo uno de los últimos pilares de defensa de las democracias y del derecho de la población a estar informada.
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