Estados Unidos
Conciencia
El desafío de trabajar en equipo
Reducir la violencia y mejorar la justicia exige instituciones capaces de avanzar hacia los mismos objetivos.
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Cuando se habla de fortalecer la justicia penal, la discusión suele concentrarse en más presupuesto, más personal, nuevas leyes o mejores instalaciones. Pero el reto es lograr que siete instituciones trabajen en equipo como parte de un mismo sistema.
Después del Encuentro Nacional de Empresarios (Enade) de 2014 se inició un esfuerzo para que las instituciones de seguridad y justicia trabajaran juntas. El primer paso fue entender cómo funcionaba el sistema completo.
Cuando se comete un delito, actúan distintas instituciones de seguridad y justicia. El Ministerio de Gobernación encargado de la Policía Nacional Civil (PNC) y del Sistema Penitenciario (SP), regula la seguridad interna del país. El Ministerio Público (MP) ejecuta la persecución penal pública. El Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) realiza la investigación científica forense y emite dictámenes periciales.
El Instituto de la Defensa Pública Penal (IDPP) lleva a cabo la defensa pública gratuita en el ramo penal a las personas que lo requieran, el Instituto de Atención a la Víctima (IAV) brinda apoyo a quienes han sufrido directamente las consecuencias del delito. El Organismo Judicial (OJ) se encarga de impartir justicia. Cada institución tiene funciones distintas, presupuestos diferentes y prioridades propias. Pero forman parte de la misma cadena y cuando una falla, las demás terminan resintiendo las consecuencias.
Para una víctima o para su familia existe una sola pregunta: ¿hubo justicia o no? Poco importa qué institución hizo bien su trabajo si el resultado final nunca llega.
Lo que no se mide no se puede mejorar.
Por esa razón se decidió elaborar el Flujograma de la Justicia Criminal en 2016 y se comenzó un trabajo que buscaba seguir el camino de un caso desde la comisión de un delito hasta la ejecución de la sentencia. Lo que parecía un ejercicio relativamente simple terminó mostrando una realidad mucho más compleja. Años después fue digitalizado y puesto a disposición del público en justiciacriminal.gt.
La información estaba dispersa. Las instituciones medían aspectos distintos y resultaba difícil conocer el desempeño del sistema completo. En 2015, un estudio mostró que un expediente tardaba en promedio 918 días en recorrer la ruta institucional; en los casos de asesinato, 734 días. ¿La situación ha mejorado? ¿Se mantiene igual? No se sabe con certeza. Después de todo, lo que no se mide difícilmente mejora.
El flujograma fue la primera etapa. La siguiente consistía en definir metas comunes, construir indicadores compartidos, identificar proyectos estratégicos y dar seguimiento a los resultados. También suponía compartir mejor la información y encontrar formas de seguir un caso a través de todo el sistema. Sin embargo, esa segunda etapa quedó pendiente.
Por ello, el tema vuelve a discutirse en Enade 2026. Entre las propuestas también se encuentran mejorar la interoperabilidad entre instituciones y crear un observatorio de justicia penal que permita monitorear avances, dar seguimiento a compromisos y evaluar resultados.
Guatemala ya demostró que es posible avanzar. Entre 2009 y 2024 la tasa de homicidios se redujo de 46.4 a 16.1 por cada cien mil habitantes, y actualmente la tasa interanual a mayo 2026 es de 16.2. El reto es reducirla a ocho durante la próxima década. Para lograrlo se requieren instituciones capaces de trabajar juntas y de evaluar sus resultados.
Es como en una copa mundial de futbol. Un equipo puede tener grandes figuras, pero difícilmente llegará lejos si cada jugador actúa por su cuenta. La justicia penal no es distinta. Reducir la violencia homicida no será el logro de una institución. Será el resultado de todas instituciones trabajando en la misma dirección.
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