El tema de la cooptación de las Cortes del sistema de justicia en Guatemala no es objeto de gran atención por parte de la ciudadanía de ese país. De hecho, en estos meses, cuando la población se encuentra sumergida en el mundo surrealista de una amenaza viral de dimensiones planetarias con la perspectiva de perder el empleo, ver reducidos sus ingresos y temerosa del contagio, pocos son los temas que alcanzan a penetrar en su pensamiento y adquirir cierta preponderancia. Por ello, lo que se negocia actualmente en el Congreso de Guatemala con relación a la elección de las Cortes y los intentos de cooptar, neutralizar y finalmente eliminar a la Corte de Constitucionalidad —cuyo desempeño aún se mantiene dentro de los parámetros del orden legal— son hechos que fácilmente escapan a la atención de la ciudadanía, lo cual, aun siendo comprensible, es altamente peligroso.

Guatemala ha sufrido una violencia extrema —física y psicológica— de larga duración; el conflicto armado marcó con sello indeleble a más de una generación y creó una atmósfera espesa de miedo y desconfianza cuya presencia incide, aún después de tantos años de intentos de democracia, en la actitud apática y poco proclive a la participación política dentro de la sociedad civil. Los abusos de poder y los vínculos entre los cárteles del narcotráfico y las esferas empresariales, políticas y castrenses, han dado como resultado la consolidación de las mafias en las instituciones del Estado, con especial énfasis en el aparato de justicia, del cual dependen las garantías de impunidad para quienes cometen toda clase de delitos bajo la salvaguarda del poder.

Una de las razones por las cuales existe esa apatía en relación con el desempeño de las instituciones del Estado es, precisamente, el absurdamente elevado índice de impunidad en el sistema de administración de justicia, en donde quienes se animan a denunciar delitos en su contra suelen ser objeto de represalias y de pérdidas económicas producto de un desempeño pobre del aparato de justicia. Este ha sido históricamente marcado por el soborno, las presiones desde centros de poder y de las mafias en la elección de jueces y magistrados. Ante este escenario, la población está indefensa y sobre todo impotente frente a un aparato poderoso cuyos entresijos le resultan incomprensibles. Una de las causas de esta falta de comprensión respecto de uno de los pilares del sistema democrático ha sido el bloqueo sistemático de los grupos de poder hacia la educación de calidad —una de las herramientas fundamentales para el empoderamiento ciudadano— y las restricciones al derecho de acceso a la información.

Estas limitaciones a la formación ciudadana y a la información han sido cruciales para mantener a la población ajena a las maniobras de sus legisladores, quienes, además, han sido electos de acuerdo con una ley diseñada ad hoc para impedir la participación plena de la ciudadanía y, por lo tanto, aun cuando su presencia en la asamblea sea legal, en el fondo es ilegítima. Todo esto se traduce en una dinámica de círculos concéntricos por medio de los cuales los grupos cuyos nexos y acuerdos han logrado capturar todos los hilos del poder pretenden consolidar el secuestro total de las más importantes instituciones del Estado y así neutralizar, de modo definitivo, todo intento de reforzar la incipiente democracia actual. Por si faltaba algún detalle en este cuadro escabroso sobre la elección de las Cortes, es importante añadir que algunos de los personajes más influyentes en ese proceso se encuentran actualmente guardando prisión preventiva por gravísimos actos de corrupción.