Estados Unidos
A contraluz
El lado oscuro de una fiesta ostentosa
La tía de la festejada es la esposa de Haroldo Lorenzana, presunto capo del narcotráfico.
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La alcaldesa de Zacapa, Karen Xiomara Ovalle, tiró la casa por la ventana para celebrar los 15 años de su hija Adriana Cifuentes, en un hotel de Chiquimula. El festejo, que fue una ostentación kitsch, incluyó vestidos del diseñador mexicano Óscar Félix que barrieron el salón de baile, limusina Hummer, carrozas tiradas por caballos, una asfixiante decoración de flores, espectáculo de fuegos artificiales, así como comida rápida y licores en vastedad.
Y no es que a uno le interese meterse en la vida privada de las personas, sino que la alcaldesa tenía una urgente necesidad de que este acontecimiento se conociera en forma viral en las redes sociales. Por algo pagó a varios creadores de contenido para que divulgaran videos de la millonaria celebración.
Pero la parranda no terminó cuando se apagaron las luces. Al contrario, pareciera que el jolgorio buscaba marcar el espacio en un territorio en el que las estructuras políticas se entrecruzan con las redes familiares vinculadas con narcos. Es difícil justificar el costo de un evento social de esa magnitud con los ingresos de la alcaldesa, que devenga un aproximado de Q53 mil mensuales. Entonces, el financiamiento vendría de la parentela, entre quienes hay nombres investigados por la Agencia de Control de Drogas (DEA), de Estados Unidos.
En un reportaje de Jessica Gramajo, de Infobae, se indica que la alcaldesa es hija de Vicente Ovalle Chacón, conocido como el Patrón, terrateniente y ganadero. Infobae dice que medios de prensa lo han vinculado con estructuras criminales y actividades de narcotráfico, aunque no hay alguna resolución judicial en su contra.
La opulencia de la parranda traza un hilo conductor hacia parientes vinculados a actividades ilícitas.
El esposo de la alcaldesa y padre de la festejada es Sergio Fernando Cifuentes, apodado el Gordo, un narcotraficante confeso que fue extraditado a EE. UU., donde admitió haber coordinado cargamentos de cocaína. Cumplió una condena de 72 meses y retornó a Guatemala en junio de 2024.
Una investigación de Guatemala Leaks señala que Ana Rosa Ovalle, hermana de la alcaldesa, está casada con Haroldo Lorenzana, a quien el Departamento de Estado de EE. UU. identifica como narcotraficante y por quien ofrece US$5 millones por información que conduzca a su captura.
El 27 de septiembre pasado se efectuó un frustrado operativo en Huité, Zacapa, cuyo objetivo habría sido la aprehensión de Haroldito, como es conocido el presunto capo, y que dejó una matanza de ocho personas civiles. El abogado Juan Francisco Solórzano Foppa, recientemente asesinado, aseguró que ese hecho habría sido ejecutado por agentes norteamericanos y el Ejército guatemalteco. A la fecha, el presidente Arévalo guarda un hermético silencio sobre este caso.
Como se ve, la opulencia demostrada en la fiesta no pareciera estar asentada sobre el lecho de flores importadas de Ecuador y que decoraron el salón. Es claro que nadie puede ser considerado delincuente por tener un familiar vinculado a actividades ilícitas, pero la sociedad tiene el derecho de conocer hasta dónde esos nexos pueden incidir en las decisiones municipales y estatales.
Los Lorenzana no son un nombre desconocido en la historia del narcotráfico en Guatemala. Esa trayectoria y los vínculos familiares de la alcaldesa obligan a mirar más allá de la ostentación mostrada en la fiesta. El narcotráfico no necesita ocupar formalmente una alcaldía para ejercer influencia sobre ella y más allá. Puede hacerlo mediante nexos familiares, financiamiento, negocios, intermediarios, lavado de dinero o la construcción de redes de lealtad. Cuando eso ocurre, el problema deja de ser exclusivamente criminal y se convierte en una amenaza para la democracia.
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