Reflexiones sobre el deber ser
El papel del juzgador en una sociedad democrática
Los que dan vida a la ley son los juzgadores a través de sus fallos.
Los juzgadores, magistrados y jueces juegan un papel fundamental en la construcción de un sistema de justicia eficaz, que es la columna vertebral del Estado de derecho, es decir, el imperio de la ley en una democracia liberal.
La ley no vive cuando es escrita o publicada.
Corresponde a los juzgadores la administración de justicia pronta y cumplida, que, a través de un debido proceso y una tutela judicial eficaz, debe orientarse a dirimir justamente disputas entre litigantes, restablecer la juridicidad quebrantada y garantizar la paz social, mediante la resolución pacífica de los conflictos. “La paz y la justicia son dos lados de la misma moneda”, dice Eisenhower.
Los que dan vida a la ley son los juzgadores a través de sus fallos. La ley no vive cuando es escrita o publicada, sino cuando es correctamente interpretada y aplicada por los tribunales. Una sociedad puede contar con excelentes leyes, pero si estas no se hacen valer mediante fallos ecuánimes, recaídos en juicios justos, sería como si tales normas no existieran.
Por otro lado, un juzgador incompetente puede enervar una norma benéfica, en tanto que un juzgador con merecimiento puede contrarrestar los efectos nocivos de un estatuto injusto. “No os dejéis, ante todo, seducir por el mito del legislador. Más bien, pensad en el juez, que es verdaderamente la figura central del Derecho. Un ordenamiento jurídico se puede concebir sin leyes, pero no sin jueces”, afirma Carnelutti.
Si los interesados invocan la aplicación de la ley, pero el juzgador no acata sus mandatos, entonces no se imparte justicia en los casos concretos; y, por ende, la justicia oficial defrauda y frustra a la ciudadanía y se alienta a hacer justicia por propia mano, dando pie a que el más fuerte imponga su derecho.
De esa cuenta, resulta clave que la noble misión de juzgar esté a cargo de juzgadores que, además de ser capaces, idóneos y honorables, tengan entereza y firmeza, lo que supone que sean valientes y audaces, así como que estén conscientes de la importante contribución que los juzgadores hacen en la construcción de un genuino Estado de derecho, especialmente en lo que respecta a la confianza ciudadana en la resolución pacífica de las disputas y el castigo de los delincuentes e infractores de la ley.
La judicatura y la magistratura no deben ser vistas como otras plazas burocráticas más, ni tampoco deben ocuparlas individuos mediocres, improvisados o mercenarios, sino profesionales preparados, probos e independientes, escrupulosamente seleccionados, que estén dispuestos a consagrarse a la ley y la justicia.
En todo caso, las plazas de juzgadores deberían de ser ambicionadas por el prestigio, la dignidad y el reconocimiento inherentes a las mismas, y no por la mera oportunidad y la remuneración. Su desempeño debe apreciarse como una dignidad y la culminación de una carrera judicial meritoria debe ser la designación para integrar las altas cortes.
Por lo tanto, el mayor desafío de la justicia oficial es establecer un adecuado proceso de designación de juzgadores, a través del cual se asegure que solo ocuparán y conservarán los cargos quienes tengan la vocación de juzgar, que se sometan a una selección por oposición, basada en el mérito, así como que se sujeten a una rigurosa y exigente carrera judicial, basada en una evaluación objetiva y periódica, en la que quienes se incorporen a ella inviertan mucho tiempo, esfuerzo, sacrificio y preparación, de tal manera que dicha inversión personal se traduzca en un fuerte disuasivo para no caer en la tentación de la politización, la corrupción y la prevaricación.