Con la perspectiva del retorno a la civilidad, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) vio la luz en el turbulento año 1983. El decreto 30-83 definía que se trataba de un órgano autónomo, no supeditado a ninguna otra autoridad. Su primera labor fue la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente, la cual discutió, redactó y promulgó la Constitución Política de 1985. A partir de entonces, los magistrados del TSE permitieron el desarrollo de procesos electorales libres, lo cual generó confianza en la ciudadanía. Sin embargo, ese prestigio se vino a pique en el 2020 con el arribo de los actuales magistrados del TSE, elegidos por la alianza oficialista en el Congreso. El cuestionamiento comenzó con el título falso de doctorado por parte del magistrado Ranulfo Rojas, hasta la reciente emisión de resoluciones cuestionables contra partidos políticos de oposición, que parecieran responder a los intereses del presidente Alejandro Giammattei.

La semana pasada, el TSE rechazó la inscripción del binomio integrado por Thelma Cabrera y Jordán Rodas, del partido Movimiento de Liberación de los Pueblos (MLP), porque supuestamente el finiquito de la Contraloría General de Cuentas quedó invalidado luego de que el actual procurador de Derechos Humanos, Alejandro Córdova, presentara una denuncia en contra de su antecesor por la indemnización que cobró. En realidad, se trataría de una maniobra para inhabilitar a la opción de izquierda que más proyección ha tenido desde que Cabrera ocupara el 4º. lugar en las elecciones presidenciales de 2019, con 10.4 por ciento de votos. La razón de eliminar al MLP de la lucha por la presidencia podría deberse a que su plataforma político-ideológica antisistema representaría un serio peligro para el statu quo, del cual se considera guardiana la alianza oficialista, encabezada por el presidente Giammattei.

El segundo eliminado es Roberto Arzú, a quien el TSE le negó la inscripción de su candidatura presidencial porque supuestamente incurrió en campaña anticipada, a partir de una denuncia presentada por el partido FCN, que ha funcionado como satélite de Giammattei. Según Arzú, la revocatoria de su inscripción se dio luego de que denunciara un negocio de Q400 millones en el que estarían implicados Giammattei y el amigo de este, Miguel Martínez, exjefe del Centro de Gobierno. El TSE actuó con diligencia contra el candidato del partido Podemos, pero ha cerrado los ojos ante la abierta campaña anticipada que han desplegado partidos como UNE, Valor y el oficialista Vamos. Este último partido ha desarrollado actividades proselitistas en los departamentos y ha contratado vallas con mensajes propagandísticos. Entonces se entiende que el TSE actúa de manera discrecional y golpea a candidatos que pueden ser incómodos para la alianza oficialista.

A diferencia del MLP y Podemos, el TSE sí le concedió la inscripción a Zury Ríos, aunque sobre ella pesa la prohibición del artículo 186 constitucional que señala que no pueden participar como candidatos a la Presidencia los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad del jefe de un golpe de Estado, en ese caso el ex presidente de facto Efraín Ríos Montt. El TSE declaró sin lugar tres recursos de nulidad contra la aspirante del partido Valor. ¿Por qué el sí a Zury Ríos, pese a que viola la Constitución? La respuesta es muy clara: es la opción favorita de la oligarquía del país. Solo falta que el TSE avale la participación del expresidiario Manuel Baldizón, como candidato a diputado, y del pastor evangélico Romeo Estuardo Guerra, como vicepresidenciable de la UNE, pese a que tendría prohibición por ser ministro religioso. De esta manera el TSE demostraría que está al servicio de los intereses del presidente Giammattei y desde ya deslegitima las próximas elecciones.