Nota bene
Elecciones políticas de jueces y magistrados
México cambia de sistema para elegir
Es probable que los mexicanos sean convocados a elegir por voto popular a más de 2,000 magistrados y jueces del sistema federal, a partir del año entrante. La controversial reforma constitucional fue aprobada por la Cámara de Diputados y está en discusión en el Senado. El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, asegura que los legisladores de los partidos del Trabajo, Verde Ecologista y Morena suman los 85 votos necesarios para su aprobación.
Anteriormente, el presidente nominaba y el Congreso votaba por los jueces y ministros. En adelante, los votantes elegirán de listas presentadas por el Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Cada dos años, la presidencia recaerá sobre quien obtenga más votos. Se reduciría el número de jueces y magistrados y el tiempo de su mandato.
Mientras tanto, en Guatemala el Congreso juramentó en julio a las dos comisiones de postulación que deben seleccionar a 26 candidatos para ser magistrados de la Corte Suprema de Justicia, y a 270 candidatos para ser magistrados de la Corte de Apelaciones. Los conflictos vividos en estos meses evidencian un proceso politizado. Se barajan diferentes ideas para reformar el proceso, y México nos confirma que existen alternativas.
¿Es posible idear un mecanismo para designar a jueces y magistrados que sea transparente, rápido, y alejado de las desavenencias partidistas? Por siglos, politólogos han debatido la viabilidad de hacer una separación entre la actividad política y la administración pública. John Locke abogó por hacer una separación de los poderes en Dos tratados sobre el gobierno civil (1690). Hoy el sistema tripartito es una parte integral de los sistemas democráticos en 44.3% de los países del mundo. (Índice de Democracia, 2023) Idealmente, la independencia del Organismo Judicial coloca a este poder en la periferia de la política.
¿Qué reforma nos conviene?
El expresidente de Estados Unidos Woodrow Wilson abogó en 1887 por que los administradores públicos, incluyendo a los administradores de la justicia, gocen de amplia discrecionalidad para desempeñar sus tareas, y que permanezcan aislados de la vida política.
Años más tarde, el politólogo Dwight Waldo contradijo el idealismo de Wilson: es imposible hablar de dos clases de gobierno, puesto que la política lo impregna todo. La reforma mexicana es waldiana porque deliberadamente politiza la selección. En el futuro, los magistrados y jueces de México serán personalidades tan carismáticas como los candidatos políticos. Para maximizar votos, emplearán una maquinaria electorera y financiamiento de campaña; forjarán alianzas con los partidos políticos. Los juristas técnicos tendrán menos posibilidades de triunfar, aunque ellos conozcan mejor la Ley y estén comprometidos con emitir juicios objetivos. Muchos votantes se aproximarán a las urnas con desconocimiento, apatía y preferencias partidistas.
Quizás los reformadores quieren reducir la búsqueda de rentas que llueve sobre el presidente y el Congreso por ser electores, pero las negociaciones políticas no desaparecerán, sino simplemente mutarán de forma.
El modelo de México es lo opuesto de lo que pedimos los guatemaltecos que quisiéramos corregir los fallos del proceso en Guatemala. Reconocemos hoy que Waldo tiene razón sobre la imposibilidad de resguardar de la política incluso a aquellos electores que no son políticos, como los decanos universitarios. Cualquier procedimiento nuevo debe incentivar tanto a los candidatos como a sus electores a conformar un organismo judicial imparcial y eficiente sin perder de vista que la selección ocurre en un contexto político. ¿Sacar nombres de un sombrero, cargos vitalicios?
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