La reactivación económica de América Latina no está reflejándose suficientemente en los mercados de trabajo, pues no genera la cantidad ni la calidad de empleos que se requieren para hacer frente a las secuelas de la crisis socioeconómica causada por la pandemia. El panorama laboral no es alentador y plantea un desafío de grandes magnitudes. Cuando la crisis arreciaba en la región, en el segundo trimestre de 2020, se destruyeron alrededor de 43 millones de empleos. Desde entonces se ha recuperado gran cantidad de puestos de trabajo, pero estamos lejos de volver a los niveles prepandemia. La débil recuperación del empleo implicó que en el primer semestre de 2021 la tasa de desocupación promedio de la región se mantuviera elevada, en 11%. Es decir, alrededor de 32 millones de personas buscan trabajo sin conseguirlo.

Además, alrededor de 70% de los empleos creados en los últimos meses son informales. Un dato preocupante porque en muchos casos implica ocupaciones con bajos ingresos, sin protección social ni derechos. La informalidad es un problema endémico en América Latina. Antes de la pandemia, en promedio, uno de cada dos empleos era informal. Cuando llegó la crisis, las ocupaciones informales fueron las más afectadas por la destrucción de empleos y la abrupta pérdida de ingresos. Es cierto que el virus no discrimina en el contagio, pero en nuestras sociedades fragmentadas el acceso a servicios sociales, a infraestructura tecnológica y a condiciones de trabajo dignas marcan la diferencia al protegerse contra los impactos económicos de una crisis. De hecho, al iniciarse los largos períodos de confinamiento, el teletrabajo y la digitalización contribuyeron a la continuidad de negocios y preservación de millones de empleos. Se estima que unos 23 millones de personas transitaron hacia el teletrabajo. En algunos países, cerca de 30% de los asalariados pasaron al teletrabajo. Sin embargo, esta opción fue predominantemente para trabajadores asalariados formales, de alto nivel educativo y con acceso a tecnologías y conectividad. Todos fuimos testigos de cómo las actividades informales desbordaron las medidas sanitarias, pues mucha gente necesita trabajar un día para comer ese día.

Adicionalmente, las mujeres, los jóvenes, los migrantes y las personas de menores calificaciones han sido desproporcionadamente afectados por la contracción del empleo y los ingresos, así como por los impactos desigualadores y el aumento de la pobreza. En el caso de las mujeres, se produjo un retroceso sin precedentes en la participación laboral. Hace más de 15 años que no se registraba una tasa tan baja de participación económica femenina. Esto también se refleja en los datos de recuperación del empleo. Desde el segundo trimestre de 2020 y hasta el primero de 2021 se recuperó el 58% del empleo femenino perdido durante el primer semestre de 2020. La recuperación del empleo masculino fue del 77%.

Ante un escenario tan complejo, es hora de hacer un llamado a la acción para la generación de más y mejores empleos. La recuperación económica por sí sola es insuficiente para alcanzar esta meta. Además de apuntalar el crecimiento, es crucial que haya políticas para la generación de puestos de trabajo formales. Hay un amplio repertorio de medidas a disposición de los gobiernos para avanzar en este camino, que debería ser respaldado por un diálogo social efectivo con empleadores y trabajadores. Es importante que esas estrategias apunten hacia el futuro del trabajo que queremos. En el caso de la informalidad, ir más allá de las estrategias habituales, repensar la forma de abordar este problema incorporando el uso de nuevas tecnologías e iniciativas para la e-formalización.

No podemos olvidar que el empleo es la principal fuente de ingresos de los hogares latinoamericanos, y como tal es esencial para reducir la pobreza y la desigualdad. Es también una pieza clave de la estabilidad social en los países de la región.