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En deuda con los pueblos indígenas de Guatemala
El hambre se concentra en comunidades y departamentos de población mayoritariamente indígena.
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El domingo 9 de agosto se conmemoró el Día Internacional de los Pueblos Indígenas establecido por las Naciones Unidas. En Guatemala estamos muy lejos del reconocimiento y la protección plena de sus derechos individuales y colectivos. Por el contrario, persisten el racismo, la discriminación y la mayoría de la población indígena es de las más desfavorecidas y en situación de vulnerabilidad en el país.
En Guatemala estamos muy lejos del reconocimiento y la protección plena de sus derechos individuales y colectivos.
En casi todos los ámbitos hay una deuda histórica con los pueblos indígenas de Guatemala. La pobreza y pobreza extrema se concentran en comunidades y departamentos de población mayoritariamente indígena y esto se traduce en hambre, desnutrición infantil crónica, falta de acceso a servicios y derechos básicos, migración forzada y un largo etcétera.
Justamente Prensa Libre publicó este fin de semana una nota respecto de la crisis alimentaria que enfrentan 3.2 millones de personas en nuestro país. La sequía provocada por el fenómeno El Niño, que afecta la producción agrícola y el incremento de los precios, serían las causas principales, a lo que hay que agregar las condiciones estructurales de abandono, marginación y las desigualdades perennes.
Según la proyección de la Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria por Fases (CIF) que presentó el 7 de agosto la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Sesán), unos 2.9 millones de guatemaltecos están en una fase de crisis que se da cuando los hogares no logran cubrir sus necesidades alimentarias y agotan activos esenciales para su sustento; y unas 197 mil personas están en una fase aguda —de emergencia— en la que sufren grandes carencias de alimentos, desnutrición alta y pérdida acelerada de recursos vitales.
Y vean ustedes los departamentos que concentran la mayor cantidad de población en inseguridad alimentaria: Alta Verapaz, Zacapa, Jalapa, Jutiapa, Quiché, Chimaltenango, Suchitepéquez, Retalhuleu, Huehuetenango y Totonicapán. Por lo menos cinco de ellos, con mayoría de población indígena.
Si nos vamos a otro ámbito, el de los derechos a la tierra y el territorio, nos encontramos también con un panorama desolador. La disputa histórica por la tierra ha estado marcada por diferentes ciclos de despojo y exclusión. En los últimos años, la expansión de proyectos extractivos y de monocultivos y la criminalización de las resistencias comunitarias han agravado la problemática.
En una reciente presentación sobre los derechos territoriales de los pueblos indígenas, la abogada maya kaqchikel y directora del Bufete para Pueblos Indígenas, Carmela Curup, hizo un recuento de los patrones de despojo que se repiten: el otorgamiento de licencias extractivas sin cumplir con los procesos de consulta y consentimiento previo, libre e informado; el acaparamiento de tierras para monocultivos, la falsificación de documentos y firmas, la alteración de registros, la doble titulación, la falta de reconocimiento de los títulos comunales de la tierra y la vivienda, los desalojos ejecutados con fuerte presencia policial y militar, y el uso del sistema penal para criminalizar a comunidades y autoridades indígenas bajo delitos como usurpación, terrorismo o asociación ilícita.
Persecución penal indebida que se extiende también a las autoridades indígenas que lideraron las protestas que en 2023 protegieron el resultado electoral.
Ni hablar de la falta de reconocimiento a sus saberes, al derecho consuetudinario y a sus formas de organización sustanciales en la resolución de conflictos, la defensa de la democracia (aunque les dé tan pocas respuestas) y el cuidado de la casa común, solo por nombrar algunas de sus grandes contribuciones.
Seguimos en deuda con los pueblos indígenas de Guatemala.
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