A contraluz
Festines a costillas de nuestros impuestos
¿Por qué los magistrados de la CC y el TSE necesitan que el Estado les dé de comer?
¿Acaso están en la vil miseria los magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC) y del Tribunal Supremo Electoral (TSE) para que coman a expensas de nuestros impuestos? Por supuesto que no viven en la lipidia. Todo lo contrario, están entre los funcionarios públicos mejor pagados. Estos privilegios son difíciles de entender cuando se observa la realidad lacerante de la mayoría de los guatemaltecos que carecen de los ingresos necesarios para cubrir su alimentación básica y aun así contribuyen al fisco.
La CC y el TSE deberían administrar con austeridad nuestros impuestos, no dilapidarlos en gustos culinarios.
Este vergonzoso hecho salió a luz luego de que ConCriterio diera a conocer que Dina Ochoa, magistrada de la CC, reclamara a la dirección administrativa de esa institución si había ordenado racionar los alimentos que le entregan diariamente, “como parte de mi derecho en calidad de magistrada titular”. Ese medio publicó que Ochoa había ordenado que le enviaran a su casa 59 almuerzos. Posteriormente, la funcionaria envió aclaraciones a ConCriterio y diario La Hora en las que aseguró que esa información era falsa porque no había ninguna solicitud escrita. A ella le queda el beneficio de la duda, pero se sabe que en varias instituciones basta con llamar por teléfono para dar órdenes de ese tipo.
Imagínense, estimados lectores, que una funcionaria que gana más de Q100 mil mensuales reclame por alimentos pagados con nuestros impuestos. No se trata de una comida ocasional durante una jornada extraordinaria ni de viáticos por una comisión oficial. Estamos hablando de que la CC tiene una cocina destinada a dar de comer a funcionarios que bien podrían pagar de su propia bolsa los desayunos y almuerzos que consumen. Según datos publicados por la propia CC, los magistrados titulares devengan mensualmente Q83 mil 700, más Q18 mil 625 en bonificaciones, a lo cual se agrega el uso de vehículo oficial, conductor y cuota mensual de gasolina.
Una investigación de La Hora estableció que, entre abril de 2021 y abril de 2026, la CC destinó Q2.99 millones a alimentos, bebidas y servicios relacionados con alimentación. De esa cantidad, Q611 mil 307 fueron insumos para la cocina de los magistrados, quienes degustaron carnes, mariscos, frutas, verduras, lácteos y otros. Y hay magistrados que todavía tienen el descaro de pedir comida para llevar.
Otro tanto ocurre en el Tribunal Supremo Electoral. Una investigación de Vox Populi señala que el TSE contrató a un chef, que gana Q13 mil mensuales, para preparar desayunos y almuerzos destinados a los cinco magistrados titulares. ¿Estos funcionarios también están en la miseria? No. La presidenta del tribunal devenga Q79 mil mensuales y los otros cuatro magistrados, Q67 mil, cada uno, más gastos de representación. Ese medio documentó la compra de lomito, culotte, salmón, camarón y otras viandas para satisfacer el paladar exquisito de los magistrados.
¿Será justo que mientras los contribuyentes pagamos nuestros impuestos para financiar el funcionamiento del Estado, parte de ese dinero termine en el menú de los magistrados? Y pese a saber que es una prerrogativa injustificada, todavía tengan la cara dura de reclamar por su “derecho a la alimentación como magistrados”.
El problema no es solo que los contribuyentes paguemos los gustos de los magistrados; el verdadero fondo es la arraigada cultura del privilegio. ¿Por qué estos funcionarios necesitan que el Estado les dé de comer? La CC y el TSE no son restaurantes que estén obligados a preparar un menú para los comensales. Son instituciones públicas que deberían estar obligadas a administrar con austeridad cada quetzal que pertenece a los ciudadanos.
Una cosa es servir al Estado y otra muy distinta hacer que el Estado sirva la mesa.