Guatemala, como el resto del mundo, sigue luchando contra el covid-19. A ello se suman los efectos devastadores de las tormentas tropicales Eta e Iota en nuestra región, que han empeorado las precarias condiciones de trabajo en muchos departamentos y están obligando a las personas a migrar. Debemos ser conscientes de la importancia de enfocarnos en fortalecer las instituciones y lograr mayor crecimiento económico, lo cual necesitará de un consenso coordinado, no solo del Gobierno, sino de todas las diferentes expresiones sociales.

En materia de salud, el primer tema donde deberemos todos apoyar es a que se fortalezcan las instituciones en el proceso de la vacunación contra el covid-19. Durante los próximos dos años, nuestro país deberá iniciar y acelerar un proceso de inmunización para la población, que requerirá una logística importante. Las acciones del Gobierno serán cruciales para procurar la gratuidad de la vacuna, más no suficientes, por lo que el sector privado deberá coordinar, de la mejor manera posible, un esfuerzo amplio para lograr precios más competitivos.

En materia de seguridad, los programas que el Gobierno ha venido implementando junto con las autoridades locales han mostrado un efecto positivo en reducir los homicidios.
Durante el 2020, Guatemala terminó con una tasa de 15.2 homicidios por cada 100 mil habitantes, la tasa más baja en la historia democrática de Guatemala desde 1986. Si bien el covid-19 ha sido un factor considerable, la violencia homicida se ha reducido constantemente, logrando una caída de 63.6% en diez años. El desafío será mantener esta tendencia durante el 2021, en la medida en que todas las actividades económicas regresan a la normalidad y en el momento en que se elimine la ley seca, que ahora rige a partir de las 9 de la noche.

Tal vez uno de los retos más sustanciales este año será la designación de magistrados a la Corte de Constitucionalidad. Durante los próximos dos meses, el pleno de la Corte Suprema de Justicia, el pleno del Congreso de la República, el presidente de la República en Consejo de Ministros, el Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos y la Asamblea del Colegio de Abogados deberán designar a magistrados titulares, cada uno de los cuales tendrá su respectivo suplente. Dichos magistrados durarán en el cargo durante los próximos cinco años y tendrán a su cargo muchas de las resoluciones que definirán temas relacionados con las elecciones generales del 2023, además de las diferentes funciones que establece el artículo 272 de nuestra Constitución, dentro de las cuales está emitir opinión sobre la constitucionalidad de los tratados, convenios y proyectos de ley, a solicitud de cualquiera de los organismos del Estado.

El enorme propósito para la sociedad guatemalteca, de contar con jueces con los más altos estándares, solo se puede lograr si quienes serán designados tienen las características que la propia Constitución Política de la República y las leyes señalan, evitando con contundencia personas con vinculación manifiesta a mafias o crimen organizado, o que puedan emitir resoluciones por favores, sobornos o coimas.

Por último, en materia económica, el gran objetivo es aumentar el crecimiento económico por encima del 4%, llevando a cabo las recomendaciones que quedaron establecidas en el proyecto “Guatemala no se detiene” y que claramente establece una hoja de ruta con participación pública y privada, para lograr que nuestro país aumente las exportaciones y fomente mayor atracción de inversión.