Con un margen de victoria importante, el binomio electo del Movimiento Semilla, Bernardo Arévalo y Karin Herrera, tienen una gran oportunidad en sus manos a partir de enero del próximo año. Mientras esperamos que el Tribunal Supremo Electoral pueda certificar los resultados finales, que mostraron que nuestro sistema electoral es infalible, gracias a todos los voluntarios que custodian el voto a través de las Juntas Electorales y los cientos de observadores que participan en el proceso, el binomio electo ya ha dado ciertas luces de por dónde enfocarían sus prioridades.

Sin lugar a duda, tienen un mandato de luchar contra la corrupción y eso debe ser una estrategia clara para digitalizar procesos y lograr avanzar en dotar de mayores servicios a una población ávida de que se pueda no solo aumentar la inversión pública, sino que se haga de manera responsable, a tiempo, transparente y eficiente. Esto va a ser un gran reto, porque se necesita capacitar a más funcionarios en mecanismos que ayuden por ejemplo a aumentar el número de estudios de preinversión, así como a utilizar de mejor manera el mecanismo de diseño y construcción, detallado en el reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Esta forma de contratar, según el Dr. Luis Fernando Alarcón, PHD de la Universidad de California, Berkeley, “permite minimizar los motivos que generan sobrecostos en dos sentidos. Por un lado, la colaboración de diseñadores y constructores facilita la constructibilidad y la optimización del diseño. Por otro lado, el tiempo que transcurre entre las fases se minimiza, lo que conlleva eliminar problemas en construcción asociados a la falta de actualización del diseño”. Para el caso de Guatemala esto es muy importante, especialmente en infraestructura vial, algo que se ha visto recientemente con todos los problemas y fallas que se han visto en el Libramiento de Chimaltenango, que, si se hubiera usado el método de diseño y construcción, se pudieron haber evitado.

Esto se debe a que en gran medida en la fase de diseño es posible “asumir cambios en cálculos, planos y especificaciones a un costo reducido, en comparación con el sobrecosto que supondrían en la fase de construcción”. Utilizar este tipo de mecanismos para aumentar la inversión pública tan baja que tiene nuestro país, es un gran reto para el próximo gobierno. Según datos del FMI Guatemala podría crecer 3.5% en el 2024, una cifra que puede ser más si se logra aumentar la inversión pública.

A finales del 2022, Guatemala invirtió 1.7% del PIB en inversión pública, cuando deberíamos por lo menos subir a 4% la inversión pública en los próximos cuatro años. Esto implica contar con la voluntad política para darle continuidad a los 64 proyectos identificados en Guatemala No Se Detiene, en el componente de infraestructura, dotando de recursos a 26 proyectos clave que ya cuentas con estudios de preinversión, pero que necesitan de financiamiento para poderse llevar a cabo y lograr que el país tenga mejores carreteras, puertos y aeropuertos.

Apoyar para que exista una transición lo más técnica posible es algo en lo que todos los sectores podemos acompañar, para lo cual esperamos que a partir de la certificación de los resultados oficiales, se pueda conocer más sobre quiénes serían las personas encargadas de parte del Gobierno electo y unificar criterios que ayuden a que se logre optimizar los procesos que ayuden a clarificar transferencias internas y muchos de los préstamos que están en proceso de aprobación, que seguramente van a ayudar al próximo gobierno a cumplir sus promesas de campaña.