Estados Unidos
Criterio urbano
Grado de inversión como gran objetivo
Guatemala podría lograrlo en un corto plazo.
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Una de las metas más importantes del Gobierno de Guatemala es lograr el tan anhelado grado de inversión. Desde el 2004 se empezó a hablar de la necesidad de tener un órgano permanente público-privado, para hablar con las calificadoras de riesgo-país y finalmente se creó en el 2007 con la conformación de la Mesa Interinstitucional para el Análisis de la Calificación del País (Minapa), instaurada legalmente con el acuerdo gubernativo 550-2007.
Guatemala necesita mayor capacidad de ejecución.
Desde entonces han existido siempre reuniones con las calificadoras de riesgo-país y reuniones entre actores de los sectores público y privado, para ejecutar un plan para mejorar la calificación de riesgo-país y en algún momento lograr el grado de inversión y ha habido avances importantes.
Un país con grado de inversión es una nación con suficiente solidez económica y financiera capaz de brindarles mejores condiciones de financiamiento (mejor tasa de interés) a las empresas y al Gobierno, en los mercados internacionales. Esto además genera más inversión extranjera directa por parte de fondos de inversión internacionales, que únicamente pueden invertir en países evaluados como grado de inversión.
Para el caso de Guatemala, las tres calificadoras de riesgo más importantes —Fitch, Moody´s y Standard & Poor´s— tienen al país a un peldaño de lograr la calificación de grado de inversión. Pero hay dos factores que siempre resaltan: la debilidad institucional y la gobernabilidad del país, aspectos que, cuando vemos temas de infraestructura y certeza jurídica, se vuelven cada vez más evidentes en cuanto a la necesidad de acelerar la capacidad institucional del Gobierno de lograr servicios a la población.
En el caso de la infraestructura, la capacidad institucional pasa por implementar las leyes ya aprobadas y contar con personas capacitadas y bien remuneradas en las instituciones que están a cargo de los proyectos de infraestructura más importantes del país. Esto incluye carreteras, puertos, aeropuertos y ahora también proyectos ferroviarios, lo que le exige al Organismo Ejecutivo implementar todas las herramientas que el Congreso ya aprobó.
En el caso de la certeza jurídica, facilitación de trámites, así como la digitalización de procesos se vuelve esencial. Acá es donde Guatemala necesita un cambio de mentalidad crítica. No puede ser que por un lado esté vigente una Ley para la Simplificación de Requisitos y Trámites Administrativos (ley antitrámites) desde el 2021, pero todavía existan instituciones como el Ministerio de Salud, el Ministerio de Comunicaciones o el mismo Inguat, donde van y vienen los expedientes en papel. Es más, pidan cualquier documento por acceso de información pública al Ministerio de Comunicaciones, e irónicamente se lo enviarán todo en un disco compacto (CD) (algunos de la generación Z ya no sabrán ni qué hacer con eso, porque sus computadoras ya no tuvieron bandeja de CD).
Así las cosas, en Guatemala, somos un país de contradicciones, un país casi digitalizado en sistemas de pago, pero por el otro lado, instituciones públicas donde los expedientes siguen siendo sellados y firmados en papel, donde no hemos aprendido que la digitalización no es subir expedientes en PDF a un sitio web, sino realmente integrar procesos para que todo el proceso sea automatizado e interoperable. Allí está el mayor reto en cuanto a la capacidad institucional del país, que debe ser un objetivo claro para lograr mejorar la certeza jurídica y, por ende, algún día, el grado de inversión. Para obtenerlo, entonces, la gran frase de voluntad política se puede resumir en una palabra: ejecución.
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