Durante años, las comunidades de El Estor, en Izabal, han denunciado las graves transgresiones legales, ambientales y las violaciones a los derechos humanos que las empresas mineras Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN), Compañía Procesadora de Níquel de Izabal (Pronico) y Solway —de capitales rusos, asentada en Suiza— cometen en sus territorios.

Periodistas locales han documentado la contaminación del Lago de Izabal, la persecución contra las y los líderes de la resistencia comunitaria y el hostigamiento para frenar sus publicaciones y denuncias. Uno de los casos emblemáticos fue el asesinato de Carlos Maaz, integrante de la Gremial de Pescadores Artesanales, durante el desalojo violento del 27 de mayo de 2017.

Las autoridades trataron de ocultar el hecho y hasta hoy siguen negando tener relación con lo sucedido. Sin embargo, la fotografía del cuerpo inerte del pescador, que el periodista Carlos Choc tomó ese día, deja claro que fue asesinado durante la represión policial. A partir de ahí empezó la campaña de persecución y criminalización contra el colega periodista, que estuvo preso y sigue enfrentando un proceso penal.

En seguimiento al trabajo de Choc y de otros periodistas comunitarios, el consorcio Forbidden Stories (Historias Prohibidas), en alianza con 65 periodistas de 20 medios en 16 países, publicó una investigación a partir de la filtración de ocho millones de documentos de la compañía minera de níquel en El Estor.

Los archivos minuciosamente examinados confirman las denuncias de las comunidades y revelan cómo la empresa ha ocultado los daños ambientales y la contaminación; planificado e implementado estrategias para comprar voluntades de líderes comunitarios, la Policía y operadores de justicia; emprendido campañas de hostigamiento y persecución para desmantelar los movimientos de resistencia y realizado vigilancias ilegales contra periodistas que investigan sus actividades.

Peor aún: la evidencia demuestra que existe una alianza al más alto nivel entre personeros del Estado guatemalteco y la empresa rusa para crear mecanismos de corrupción, acoso y represión que garanticen la operación minera a cualquier costo. Recordemos que en 2018 un grupo de pescadores artesanales y autoridades indígenas q’eqchi’es interpusieron en la CC una acción legal por no haberse realizado una consulta previa, libre e informada con las comunidades afectadas antes del inicio del proyecto extractivo en 2005.

La Corte falló a su favor en 2019. Sin embargo, contraviniendo la resolución, la empresa siguió operando con la complicidad de los gobiernos de turno, como quedó evidenciado en los memorandos, facturas y órdenes de compra desvelados en esta investigación. La principal prueba de la filtración sobre la operación ilegal de la mina de Solway-CGN-Pronico fue el reporte de ganancias enviado a los accionistas de la CGN.

En esta trama de corrupción y despojo resalta el papel de los gobiernos de Jimmy Morales y Alejandro Giammattei, que decretaron estados de Sitio y pusieron como guardia privada al servicio de la minera a las fuerzas policiales y militares que reprimieron, desalojaron y aterrorizaron a la población. La consulta comunitaria a finales del 2021, en medio del último estado de Excepción, fue el colmo de la desvergüenza y la prueba fehaciente de que la cantaleta de la soberanía solo la usan para tapar sus negocios pestilentes.

Por supuesto que todo esto no se hace a cambio de nada. La alfombra rusa es una de las piezas del rompecabezas que el exfiscal Juan Francisco Sandoval investigaba y que habría motivado su destitución ilegal. La historia completa sobre la contaminación, corrupción, represión y criminalización del proyecto minero Fénix está disponible en www.prensacomunitaria.org