La infraestructura puede ser definida como “estructuras físicas y organizativas, redes o sistemas necesarios para el buen funcionamiento de una sociedad y su economía”. A nivel internacional se utiliza el concepto de formación bruta de capital fijo (FBCF) para conocer cuánto invierte determinado país con relación al PIB, representado por “la variación de los activos fijos no financieros, tanto privados como públicos, en un período determinado”, según la definición del Banco Mundial.

El promedio de formación bruta de capital fijo en América Latina y el Caribe en el 2021 fue de 20% del PIB. Países como República Dominicana invirtieron 31% de su PIB, Panamá 26%, Chile 25%, Honduras y Nicaragua 24%, Colombia 20%, Costa Rica 20%, mientras que Guatemala, el país que menos invierte en activos productivos de la región, apenas el 17% del PIB. Esas diferencias entre la cantidad de proyectos que un determinado país puede tener para invertir en infraestructura productiva es lo que hace que algunos países generen mayor desarrollo que otros.

El mayor cuello de botella para el desarrollo de Guatemala es su poca inversión en infraestructura productiva, por eso es tan importante que este año, como parte de las propuestas de los diferentes candidatos a la Presidencia de la República, nos enfoquemos en cuáles son los cambios institucionales que se presentarán para aumentar la FBCF en el país. Esto implica no solo mantener los avances institucionales que se han logrado, gracias a la iniciativa Guatemala No Se Detiene, en materia de infraestructura, sino seguir avanzando en los cambios estructurales que el país requiere para contar con más carreteras, ciclovías, andenes, banquetas, puertos, aeropuertos, escuelas y hospitales públicos, así como sistemas de agua, drenajes y servicios urbanos.

Tres cambios institucionales se necesitan para seguir avanzando; el primero y la ley más avanzada en el Congreso de la República, en materia de infraestructura, es la iniciativa 5431, Ley General de Infraestructura Vial, que está pendiente de tercer debate. Adicionalmente se requiere que el Gobierno pueda impulsar la reforma a la Ley de Alianzas Público-Privadas y la Ley del Sistema Marítimo Portuario, que ayuden al país a contar con más servicios públicos de calidad y a acelerar la inversión pública.

Se necesitan más estudios de preinversión, fortalecer las capacidades de las unidades ejecutoras para priorizar proyectos viables que ayuden a mejorar la movilidad, tanto de personas como de bienes y mercancías, y contar con un mecanismo más expedito para que la planificación pública logre materializarse en la construcción, operación y mantenimiento de los activos fijos que el país requiere para seguir creciendo.

Guatemala es un país con un gran potencial de desarrollo. No solo tenemos una población joven, con una edad promedio de 27 años, sino que estamos en pleno proceso de urbanización, y esto va a cambiar de forma muy rápida. Para ello, se necesita que tanto el Área Metropolitana como las diferentes Ciudades Intermedias puedan contar con la infraestructura necesaria para seguir creciendo y desarrollándose. Proyectos estratégicos como la ampliación a cuatro carriles en toda la CA-09 y la CA-02, el anillo metropolitano y la ampliación de los puertos son prioritarios, no importa quién llegue a la Presidencia de la República.

Aprovechemos este nuevo año para poner en el centro de la discusión al ciudadano y que la infraestructura productiva sea uno de los componentes más importantes para generar mayor desarrollo.