Estados Unidos
Criterio urbano
Infraestructura para mejorar la movilidad
El país necesita cumplir la ley.
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Guatemala es uno de los países del mundo cuya inversión pública es de las más bajas, apenas 1.5% del PIB. El crecimiento económico podría ser del 6% si aumentamos la inversión pública por lo menos dos puntos porcentuales. Si a eso le agregamos que nuestra capacidad de estructuración de grandes proyectos es relativamente limitada, nos damos cuenta de que necesitamos fortalecer la capacidad institucional del Estado, para poder aumentar la inversión, especialmente en lo más evidente que son carreteras, puertos y aeropuertos.
Tenemos la oportunidad de mejorar la inversión pública.
Si a esto le sumamos otros sectores de transporte, agua y saneamiento, seguridad, salud y educación, vemos que definitivamente el gobierno no tiene capacidades suficientes para aumentar el stock de infraestructura en el país y que por eso han sido tan importantes las diferentes leyes que se han aprobado en los últimos tres años, la ley de infraestructura vial prioritaria, la reforma a la ley de alianzas público-privadas y la ley del sistema portuario nacional.
Estas leyes, aunadas a la resolución de la Corte de Constitucionalidad, que les dio certeza jurídica a las Municipalidades para no tener que ir al Congreso de la República para autorizar concesiones municipales, han hecho que el país comience a cambiar su estructura institucional, para permitir más participación del sector privado en la infraestructura pública.
Ahora bien, estos cambios requieren mayor compromiso por parte del gobierno de cumplir las leyes aprobadas. La ley de infraestructura vial prioritaria presenta serios retrasos en la implementación y pareciera que el Ministerio de Comunicaciones de forma antojadiza solo ha recurrido a utilizar el artículo 95 de la ley, de forma conveniente, para brincarse procesos de contratación, sin implementar las reformas necesarias que permitan una Dirección de Infraestructura de Proyectos Viales Prioritarios (Dipp), más robusta.
La Ley del Sistema Portuario Nacional también tendrá retos en su implementación, lo que nos lleva a que el país podría fortalecer el presupuesto de la Agencia Nacional de Infraestructura para generar más proyectos de inversión a través de alianzas público-privadas, para mejorar sistemas de transporte, movilidad, servicios y gestión de desechos, entre otros.
La infraestructura es la base para cualquier inversión y desarrollo para la sociedad. Requiere de mejores procesos de contratación que estas nuevas leyes han habilitado y desarrolla mecanismos, como las propuestas no solicitadas, donde el sector privado puede presentar proyectos y estudios para ampliar los portafolios de inversión pública en el país.
La firma de convenios de gobierno a gobierno con Estados Unidos y más recientemente con Reino Unido, han sido fundamentales para comenzar a contar con proyectos más ambiciosos, pero esto necesitará que se fortalezcan los servicios civiles y las capacidades técnicas de las instituciones contrapartes con las que estos proyectos comiencen a trabajar en el país, de lo contrario, los avances serán muy limitados.
Necesitamos acelerar la implementación del Plan Maestro de Movilidad para el Área Metropolitana apoyado por parte de la Agencia de Cooperación Internacional de Corea (Koica), para contar con más anillos metropolitanos y municipales, pero esto también requiere que el Ministerio de Comunicaciones les ponga más atención a los plazos de la ley de infraestructura vial prioritaria. Estas inversiones tomarán tiempo, así que es urgente comenzar a trabajar en los estudios necesarios que permitan acelerar la inversión. El gobierno debe tomar mayor consciencia de la falta de inversión pública en el país.
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