Debiese haberse reaccionado frente a la obstaculización del funcionamiento económico. Actuación de la Corte de Constitucionalidad fuera de proporción e invadiendo las esferas ejecutivas y legislativas, así como de otras instancias jurisdiccionales y de la administración pública, al servicio del despojo de inversiones en puertos, plantaciones, edificios y comercios.

La discusión sobre la explotación de minas, bosques, plantaciones y utilización de carbón es compleja. Por un lado, para los objetores resulta fácil meterlo todo en un mismo saco. Estar en contra obtiene popularidad entre muchos ciudadanos asqueados por el latrocinio en la administración pública, así como por la falta de oportunidades de empleo u oportunidades en la actividad económica. No se trata de expresiones ideológicas sustentadas en afirmaciones filosófico políticas, sino de un criterio oportunista con miras cortas, basado en la negativa a cualquier iniciativa. Una propuesta regulatoria es difícil de alcanzar.

Por el otro lado, algunos asuntos necesitan claridad, coherencia y hasta honestidad. En efecto, en el caso de la oposición a las hidroeléctricas, se debe saber quiénes respaldan su prohibición y las razones por las que se pronuncian. No basta con poner un grupo minúsculo de piqueteros frente a la entrada de la sala de máquinas. No se puede esconder que gozan de la connivencia de empresarios competidores y de los encargados de la seguridad pública en niveles altos. Lo mismo vale para otras ramas económicas.

Se pone el caso de las hidroeléctricas pues generan energía limpia, cuyos embalses debieran dar origen a sistemas de riego, áreas piscícolas y otras ventajas. No obstante, hay objetores. Se levantan indemnizaciones, sanciones y resarcimientos. Las pretensiones se originan en el extranjero, sin gozar de esclarecimiento ni mucho menos rebatidas. Y, así, con otras actividades que implican muchas veces un sacrificio local con vista en ventajas nacionales, como es el caso de la minería. Se trata de sopesar los daños frente a determinadas ventajas económicas. Son decisiones difíciles, donde se desaconseja, desde un punto de vista responsable, asumir como principio a la oposición sin razonamiento. Se habla de responsabilidad porque frente a necesidades urgentes de la población se debe encontrar una atención oportuna, aunque suponga un costo. Recuérdese que la inversión pública en hidroeléctricas fue atacada con sanciones y amenazas desde el extranjero, supuestamente para protección de no indemnizados.

También vale para otras áreas de negocios. Se han levantado campañas coordinadas de ataque mediático, con movilizaciones y declaraciones impertinentes de funcionarios públicos. Todo anuncia una economía cerrada a la inversión. Después de haber estropeado la modernización de puertos, se coloca en otros puestos del Estado a los responsables. Vea el nombramiento del Tribunal Supremo Electoral para la junta electoral del departamento de Guatemala. No se trata de la mano invisible de Adam Smith, sino de la mano negra del poder paralelo.

Por lo tanto, no debe sorprender que la inversión extranjera directa no deje de disminuir sobre la base de 2014. En el 2015 representa una baja del 12%, en 2016 es menor en 15%, en 2017 nuevamente es 16% más baja y en 2018 el monto bajó 26% sobre el año base. Como el cangrejo, se camina hacia atrás.

El país se puede hundir mientras los cómplices del descalabro estén bien. La pobreza puede crecer mientras se le garantice a esa pequeña caterva de funcionarios favorecedores de la extorsión, protección y favores.