Estados Unidos
Políticas públicas
Justicia que también produce
Seguridad y justicia eficientes son condiciones indispensables para invertir, producir y crecer.
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La semana pasada participé en un foro organizado por Fundesa, dedicado a la agenda legislativa para fortalecer la seguridad y la justicia en Guatemala. Como economista, señalé que ambos sistemas no solo cumplen una función jurídica y social: son parte esencial de la infraestructura económica de un país. Así como una carretera deficiente encarece transportar mercancías o un puerto ineficiente retrasa exportaciones, un sistema de justicia lento, impredecible o incapaz de hacer cumplir contratos eleva el costo de producir, invertir y hacer negocios.
La inseguridad opera de manera similar: extorsiones, robos, violencia y crimen organizado obligan a empresas y familias a destinar a protección recursos que podrían invertir, contratar trabajadores o innovar. Pero ese costo visible es apenas una parte. Más importante puede ser el que no observamos: la empresa que decidió no abrir, la inversión que nunca llegó, el pequeño negocio que prefirió permanecer informal o el empresario que dejó de expandirse para no aumentar su exposición al crimen. Un país próspero requiere derechos de propiedad bien definidos, contratos exigibles, reglas previsibles y mecanismos confiables para resolver controversias. Cuando esas instituciones fallan, aumentan los costos de transacción, cae la confianza y se reduce la inversión. En la práctica, una justicia ineficiente funciona como un impuesto sobre la actividad económica.
Mejorar seguridad y justicia exige mucho más que aumentar penas o aprobar leyes. Requiere policías capaces, fiscales profesionales, jueces independientes, tecnología, gestión eficiente, coordinación institucional y rendición de cuentas. El presupuesto importa, pero también cómo se administra; y las leyes importan, pero solo cuando están bien diseñadas y correctamente ejecutadas.
Una justicia ineficiente funciona como un impuesto sobre la actividad económica
En el foro comentamos tres reformas que podrían contribuir en esa dirección. Una busca ordenar y fortalecer el sistema de recompensas por información útil sobre delitos complejos. Puede reducir asimetrías de información e incentivar la denuncia, siempre que proteja al denunciante y se inserte en una política criminal coherente. Otra son las reformas al Código Procesal Penal que buscan devolver a la prisión preventiva su carácter excepcional. Exigir que se justifique el riesgo de fuga u obstaculización, ampliar medidas sustitutivas y fortalecer controles judiciales no debilita la lucha contra el crimen: racionaliza una de las facultades más severas del Estado. Una justicia eficaz no es la que encarcela más, sino la que investiga mejor, procesa con rapidez y sanciona correctamente.
La tercera, quizá de mayor impacto institucional, es la reforma a la Ley de Arbitraje. Guatemala necesita mecanismos modernos, rápidos y previsibles para resolver controversias. Fortalecer el arbitraje, la mediación y otros métodos alternativos puede reducir la carga de los tribunales, disminuir la mora judicial y brindar mayor certeza a inversionistas y empresas. Alinear la legislación con estándares internacionales también reduce maniobras dilatorias y limita la intervención judicial a los casos estrictamente necesarios. Muchos conflictos podrían así resolverse voluntariamente sin consumir recursos judiciales escasos.
Estas reformas, que mejoran incentivos, reducen incertidumbre y utilizan mejor la capacidad institucional del Estado, deben avanzar en el Congreso. El desarrollo económico no depende solo de carreteras, electricidad, capital humano o estabilidad macroeconómica. También necesita instituciones capaces de proteger al ciudadano, hacer cumplir las reglas y resolver conflictos oportunamente.
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