El pasado mes de abril, el arquitecto Norman Muñoz Urízar renunció al cargo de Conservador de la Ciudad, después de 10 años de desempeño y 13 al servicio del Consejo Nacional para la Protección de La Antigua Guatemala (CNPAG). De inmediato el cargo fue sometido a concurso nacional abierto por oposición, convocatoria que fue atendida por 10 colegas, entre quienes, de manera pública, fue electo el arquitecto Javier Quiñónez Guzmán.

El Conservador de la Ciudad es el director técnico y administrativo de la institución y sus funciones están definidas en el artículo 9 de la ley protectora. Hoy, después de 53 años de haber sido emitida la ley y 50 de estar en funcionamiento el CNPAG, la ciudad es un referente de la conservación a nivel nacional. En 1979, tal condición le permitió ser inscrita en la lista de patrimonio mundial de Unesco, que aún en el contexto de la guerra interna (1960-96) hizo de ella un apetecido destino turístico; destino para el que no estuvo preparada, a pesar de que en 1974 el Concejo aprobó el Plan Regulador de la ciudad formulado por el CNPAG según mandato de la misma ley. Con el paso de los años, ese plan sigue vigente, pero no se aplica, lo que deja a la ciudad expuesta a su deterioro por crecimiento desordenado.

Entre las funciones del Conservador de la Ciudad está “Dirigir la aplicación del Plan Regulador y proponer al Consejo las modificaciones que estima necesarias o convenientes”, función que no se ha cumplido a cabalidad. Esa circunstancia, junto a la dinámica y presiones económicas de una ciudad viva, llevó a la anterior administración municipal a contratar, por intermedio del Programa Nacional de Competitividad (Pronacom) la preparación de un Plan de Ordenamiento Territorial que fue consensuado con todos los sectores. La administración contratante no lo aprobó y la actual se niega conocer.

El caso es que a la ausencia de esos instrumentos técnico-legales de control se suma la presión derivada de la especulación en el valor y uso del suelo de La Antigua Guatemala y su perímetro urbano colonial. Realidad que provoca la perenne y discrecional autorización de proyectos inmobiliarios (habitación, comercio o industria) junto a la caricaturización de la arquitectura tradicional que desvirtúa lo que realmente tiene valor y debe ser conservado.

Esas falencias la llevan, de manera inexorable, al colapso como ciudad histórica conservada, y por lo tanto a su eventual declaración como ciudad en peligro de parte de la Convención de Patrimonio Mundial. Riesgo enunciado en la Denuncia sobre el Deterioro de La Antigua Guatemala presentada por las asociaciones Salvemos Antigua y Diego de Porres a Unesco y Ministerio de Cultura y Deportes, en 2010. Denuncia plenamente documentada e ilustrada, de hace 12 años, que expuso un deterioro que con el paso del tiempo se agrava de manera dramática.

La hoja de vida del Conservador Quiñónez y su experiencia profesional lo califican para el cargo, y dadas las características actuales del CNPAG, actualmente integrado por tres arquitectos más y una connotada profesional de las humanidades, permite augurar un período de realizaciones positivas para la ciudad, tendientes a revertir la actual debilidad urbana, el tratamiento de su patrimonio urbano y arquitectónico, doméstico y monumental, tendiente a recuperar su posición en la lista de patrimonio mundial.

Para eso se requiere el irrestricto apoyo del Estado, aportando los recursos necesarios para actuar en correspondencia con la importancia de la ciudad como fuente de identidad cultural de los guatemaltecos.