Estados Unidos
Construyendo ideas
La elección que muchos no están viendo
La discusión no debería reducirse a cuál de los seis nombres consigue los votos.
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En Guatemala, el poder no empieza a ordenarse el día de las elecciones. Empieza mucho antes.
La Contraloría existe precisamente para incomodar al poder cuando corresponde.
En los próximos días el Congreso deberá escoger, entre seis candidatos, al Contralor General de Cuentas para el período 2026-2030. Necesitará al menos 81 votos.
Podría parecer otro nombramiento institucional reservado para abogados, auditores y negociaciones legislativas. No lo es.
Quien resulte electo ocupará la Contraloría mientras Guatemala atraviesa todo el proceso electoral de 2027. Tendrá bajo su responsabilidad una institución que fiscaliza recursos públicos y tramita la constancia que conocemos como finiquito, documento relevante para quienes han administrado fondos públicos y pretenden optar nuevamente a un cargo.
Eso coloca esta elección en otra dimensión.
Las campañas no comienzan cuando aparecen las vallas. Tampoco cuando un candidato se sube a una tarima. Mucho antes se nombran autoridades, se integran instituciones y se define quiénes ejercerán controles durante los años siguientes.
Ese proceso ya está ocurriendo.
No se trata de afirmar que el próximo Contralor beneficiará o perjudicará a alguien. Eso sería irresponsable. Se trata de entender el tamaño del poder institucional que tendrá y, por lo mismo, prestar atención a la manera en que se construyen los 81 votos que lo llevarán al cargo.
Porque los votos en el Congreso no nacen por generación espontánea.
Se negocian.
Y negociar es parte de la política. El problema no es que existan acuerdos. Lo relevante es conocer qué criterios los sostienen, qué antecedentes fueron evaluados y por qué una mayoría decidió entregar durante cuatro años una institución de control a determinada persona.
Eso debería importarnos. Mucho más cuando el país entra a un ciclo electoral en el que cada decisión institucional será observada bajo una lupa política.
El próximo Contralor no organizará las elecciones. Para eso está el Tribunal Supremo Electoral. Pero sí dirigirá una institución que fiscaliza a quienes manejan dinero público y emite constancias relevantes para quienes buscan participar nuevamente en la vida pública.
No es un detalle menor.
Por eso la discusión no debería reducirse a cuál de los seis nombres consigue los votos. También deberíamos preguntar quién construyó esos votos, bajo qué criterios y qué compromisos públicos asumirá quien resulte electo para demostrar independencia frente a quienes lo eligieron.
Allí está el verdadero desafío institucional.
El día de la votación veremos un tablero encenderse en el Congreso. Habrá nombres, números, felicitaciones y fotografías. Pero lo verdaderamente importante comenzará después, cuando ese funcionario tenga que demostrar que los votos que lo llevaron al cargo no significan compromisos por cobrar.
Porque 81 votos pueden elegir a un Contralor. Lo que no deberían hacer es comprar su independencia.
La independencia no se declara el día de la elección; se demuestra cuando llega el primer expediente capaz de incomodar a quienes hicieron posible esa elección.
La Contraloría existe precisamente para incomodar al poder cuando corresponde.
A un alcalde. A un ministro. A un diputado. A un funcionario. Al gobierno de turno o al que venga después.
Esa debería ser la medida.
En 2027 veremos candidatos, campañas, discursos, alianzas y promesas. Entonces muchos dirán que comenzó la batalla electoral.
No exactamente.
Antes de que aparezca la primera papeleta, el país ya habrá tomado decisiones que influirán sobre las instituciones encargadas de controlar el ejercicio del poder.
La elección del Contralor es una de ellas.
Por eso conviene observarla con atención.
Porque las elecciones deciden quién ejercerá el poder.
Pero las decisiones que se toman antes pueden definir quién estará encargado de vigilarlo.
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