Criterio urbano
La importancia de la infraestructura para Guatemala
Tenemos que ser capaces de avanzar hacia proyectos concretos.
Pocas decisiones de política pública tienen un efecto tan profundo y duradero sobre la vida de las personas como la inversión en infraestructura. La inauguración de la nueva carretera privada de Xochi, Corredor de las Flores, es un buen ejemplo. Una carretera que conecta a un productor agrícola con los puertos del Pacífico o del Atlántico, un puente como el que se está planteando entre el Cenma y la avenida Petapa, que reduciría de horas a minutos el traslado, un sistema portuario eficiente que abarata las exportaciones.
Para Guatemala, que apenas invierte 1.6% del PIB en inversión pública, la mayor economía de Centroamérica y un territorio estratégicamente situado entre dos océanos y dos mercados continentales, la infraestructura no es un lujo, ni una aspiración secundaria, es la condición habilitante de todo lo demás.
El punto de partida es incómodo, pero conviene nombrarlo con claridad. Guatemala ha invertido históricamente poco en su capital físico, y lo ha hecho cada vez menos. La formación bruta de capital fijo ronda apenas el 16% del PIB, una cifra que palidece frente a El Salvador (21.4%), México (24.6%) o República Dominicana (26.9%), resaltando la importancia de acelerar la inversión en infraestructura y de implementar las reformas estructurales que permitan más alianzas público-privadas en el país, así como proyectos de pagos por indicadores de servicio.
El caso de la red vial es ilustrativo. Según el Banco Mundial, en la última década Guatemala ha invertido en infraestructura vial únicamente un 0.7% del PIB, con un mínimo histórico de 0.4% en 2017. El resultado se refleja en los índices de competitividad: el país ha ocupado posiciones cercanas al puesto 132 de 141 economías en calidad de carreteras y al 134 en conectividad de infraestructura vial. Y sí, esto es peor que países del África subsahariana.
La infraestructura es la condición habilitante de todo lo demás.
Más preocupante aún es la tendencia comparada: mientras otros países de América Latina reducen sus déficits de infraestructura, el de Guatemala se ha venido ampliando, de modo que el stock de capital nacional equivale aproximadamente a la mitad del de otras economías emergentes y en desarrollo. Un análisis reciente de BCG, publicado en abril de 2026, confirma el diagnóstico: mientras economías como Chile sostienen un ritmo de inversión estratégico y otras se expanden, países como Guatemala, El Salvador y Honduras aún enfrentan los desafíos propios de etapas más tempranas en su base de infraestructura.
A ese ritmo, la brecha se vuelve casi insalvable. Se ha estimado que, manteniendo el patrón actual de inversión, Guatemala tardaría más de un siglo en cerrar su rezago de red vial, y que cubrir la demanda de mediano y largo plazos exigiría invertir alrededor de US$2 mil 500 millones anuales, ocho veces la inversión actual, y construir más de dos mil kilómetros de carretera al año.
Ahora bien, la buena noticia es que en este período legislativo y de gobierno se han aprobado leyes que tenían años de estar en discusión y que probablemente otros gobiernos no hubieran permitido que se aprobaran por diferentes razones, muchas ligadas a factores de corrupción.
Tenemos ya la Ley de Infraestructura Vial Prioritaria, que, con todo y sus retrasos, va caminando y ahora solo es cuestión de sobrepasar algunos temas más de índole político que técnicos y acelerar la implementación de las reformas a la Ley de Alianzas Público-Privadas. Estas dos herramientas, aunadas a la ley del Sistema Portuario Nacional, que ya está solo pendiente de una lectura en el Congreso, son vitales para transformar la infraestructura de nuestro país.