La semana pasada hubo mucha controversia por el aumento en Q3,191.2 millones al presupuesto del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda. Con base en lo que hemos visto en el pasado, a muchos los hace desconfiar de que ello puede ser un “botín electoral” como lo han denominado algunos analistas. En principio, es un aumento apenas del 0.45% del PIB, muy por debajo de lo que un país como Guatemala debería estar invirtiendo en carreteras para la necesidad tan importante que tenemos.

Según el Foro Económico Mundial, nuestro país no solo tiene pocas carreteras, con una baja conectividad vial que nos coloca en la posición 134, sino que además la calidad de las carreteras es pésima, situando a Guatemala en el ranquin 132 de 139 países evaluados en el último reporte del Índice de Competitividad Global. Ello denota, sin duda, la urgencia de aumentar la inversión en más y mejor infraestructura. De hecho, según el Fondo Monetario Internacional, un aumento del 1% del PIB en la inversión pública en carreteras podría reducir la pobreza extrema en 5%.

¿Dónde está el mayor reto? En que definitivamente no hay confianza en las instituciones debido a los casos de corrupción que hemos visto en el pasado, respecto de la ejecución de proyectos de infraestructura vial. Sin duda es un problema sistemático, donde la capacidad institucional, tanto de las unidades de Covial como de la Dirección General de Caminos, necesitan cambios importantes para mejorar su capacidad institucional y su eficiencia.

Ese era el objetivo de las reformas planteadas por algunos diputados en la propuesta de la Ley General de Infraestructura Vial, que por supuesto no tuvo el apoyo que hubiera sido necesario para su aprobación en el Congreso en su momento, ni tampoco el impulso de tantos que hoy critican el aumento. La iniciativa, pendiente de tercer debate en el Organismo Legislativo, fomenta los cambios necesarios para, por ejemplo, poder hacer inversiones en carreteras y pagar por indicadores de disponibilidad, lo que asegura la competencia de firmas nacionales e internacionales en competir, y da como resultado mejores carreteras. Si no estamos dispuestos a hacer los cambios necesarios, es muy complejo esperar resultados distintos.

Ahora bien, con la ley que fue aprobada la semana pasada tenemos que ser exigentes con las autoridades para que la ejecución de los proyectos descritos se lleven a cabo de forma transparente y garantizando la mejor calidad en su inversión. Sin duda hay proyectos estratégicos de construcción como el puente Belice 2 y otros en departamentos en Alta Verapaz, así como el recapeo, rehabilitación y señalización de varios tramos de las diferentes carreteras existentes del país.

Es una oportunidad para que la planificación e implementación de los proyectos de mantenimiento vial se traduzcan en beneficios significativos, tanto desde el punto de vista técnico como económico, y aprovechar para diseñar contratos transparentes, considerando una adecuada exposición al riesgo, asignando y balanceando los mismos, según la capacidad específica de cada parte para asumirlos.

Tenemos, entonces, una responsabilidad como país de conectar a más comunidades, de dotar a Guatemala de infraestructura estratégica que ayude a reducir los tiempos que toma desplazarse a lo largo del país, de mover la carga y aumentar la velocidad por la que se mueven las personas y los bienes, llevando mayor competitividad con proyectos que se ejecuten de forma transparente y con mayor competencia.