Estados Unidos
Punto de encuentro
La inocencia de Nanci Sinto
Este juicio debe ser un espacio de justicia y no de criminalización.
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El sábado 21 de noviembre de 2020 se realizó una masiva protesta ciudadana en las calles del Centro Histórico de la Ciudad de Guatemala. La movilización se convocó en rechazo a la aprobación del Presupuesto General del Estado para 2021, que una mayoría de diputados oficialistas y aliados del gobierno de Alejandro Giammattei Falla había aprobado sin discusión y de madrugada.
Ninguna persona debe ser perseguida por expresar sus ideas, participar en la vida pública y reclamar sus derechos.
La indignación de la población se venía gestando por el mal manejo de la pandemia de covid-19, las denuncias crecientes de casos de gran corrupción que envolvían al presidente y a su pareja, Miguel Martínez, y la inclusión en el presupuesto de millonarias partidas para alimentación de los legisladores, construcción de un nuevo edificio para el Congreso y miles de quetzales destinados a oenegés vinculadas a diputados y alcaldes, en detrimento de recursos para los hospitales, combate de la desnutrición infantil y atención a la población más vulnerable que estaba sufriendo los devastadores efectos del coronavirus.
La noche antes de la protesta, el entonces vicepresidente, Guillermo Castillo, había pedido públicamente a Giammattei que ambos renunciaran a sus cargos por el “bien del país”. Y Jordán Rodas, en aquel momento procurador de los Derechos Humanos, advirtió del peligro de piquetes de infiltrados destinados a restar legitimidad a la protesta ciudadana y justificar la represión contra los manifestantes.
La advertencia se cumplió cuando un grupo de personas incendió las afueras del Congreso y agentes de la Policía dispararon 300 bombas de gas lacrimógeno, provocando decenas de intoxicados, heridos y detenidos; incluso dos personas perdieron su ojo izquierdo tras los disparos de los antimotines. Ese era el contexto que se vivió aquel sábado 21 de noviembre.
Miles de personas, en su legítimo derecho de manifestación y protesta, atendieron la convocatoria y se movilizaron. Una de ellas fue Nanci Sinto, una joven mujer maya kaqchikel y defensora de los derechos humanos. Su participación en la movilización se convirtió en una pesadilla que seis años después continúa.
El Ministerio Público (MP) de Consuelo Porras Argueta, célebre por utilizar el derecho penal para perseguir inocentes, emprendió un proceso de criminalización en su contra por supuestamente haber hecho aquel día una pinta en las paredes del Congreso. Su caso muestra cómo el sistema se ensaña contra las mujeres indígenas cuando participan en los asuntos públicos y ejercen sus derechos políticos.
La Fiscalía acusa a Nanci del delito de depredación de bienes culturales y, aunque su caso fue cerrado en primera instancia por la jueza Wendy Coloma, del Juzgado Decimosegundo de lo Penal, al no haber encontrado elementos para procesarla, la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones —conocida por sus fallos a favor de personajes corruptos— revocó la decisión y ordenó que fuera enviada a juicio. La resolución fue confirmada por la anterior Corte de Constitucionalidad, que avaló continuar con la criminalización. ¿Raro?
Precisamente mañana, 2 de septiembre, se inicia el juicio oral y público en el Tribunal Quinto de Sentencia Penal a cargo de la jueza Bélgica Annabella Deras Román. Además de la libertad y la inocencia de Nanci, que debieran ser ratificadas, en este proceso está en juego la defensa de los derechos fundamentales de reunión, manifestación, libertad de expresión y participación política. Un fallo adverso significaría un retroceso en la garantía y protección del ejercicio de estos derechos para toda la población.
Este juicio debe ser un espacio de justicia y no de criminalización. Y eso es precisamente lo que se espera del tribunal y de la fiscalía a cargo del caso, ahora que la conducción del MP dejó de estar en manos de quienes hicieron de la persecución indebida un modus operandi. Solidaridad y justicia para Nanci Sinto.
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