De acuerdo con la publicación de la fundación Heritage, “la libertad económica es el derecho fundamental de todo ser humano a controlar su propio trabajo y propiedad. En una sociedad económicamente libre, las personas son libres de trabajar, producir, consumir e invertir de la forma que deseen. En sociedades económicamente libres, los gobiernos permiten que el trabajo, el capital y los bienes se muevan libremente y se abstienen de coaccionar o restringir la libertad más allá de lo necesario para proteger y mantener la libertad misma”.

Esta forma de pensar es lo que ha llevado a países como Singapur, Suiza, Irlanda y Taiwán a ser países totalmente libres y los mejor evaluados en el ranquin de libertad económica. En el caso de América Latina, sobresalen Chile, Uruguay, Perú, Costa Rica y Panamá, por ser los países con la mayor libertad económica en la región.

En el caso de Chile, es interesante cómo ha venido cayendo reiteradamente en la evaluación desde el 2020, debido fundamentalmente a restricciones laborales y una complicada situación fiscal. Por el contrario, Uruguay ha mejorado desde 2019 y probablemente supere a Chile dentro de unos años, si la tendencia continúa, debido a que ha sabido fortalecer su estado de Derecho y la capacidad institucional del país para brindar servicios de manera eficiente y transparente.

En Centroamérica el ejemplo de mayor libertad económica lo da Costa Rica, que ha mejorado en la evaluación, precisamente por su capacidad de mejorar la eficiencia en el sistema judicial, algo en lo que Guatemala podría enfocarse y buscar que en los próximos cuatros años el próximo gobierno tenga como enfoque claro mejorar el estado de Derecho en el país.

Guatemala está muy bien evaluada en tres de cuatro indicadores, sobresale en que tiene un tamaño de Gobierno adecuado para las capacidades del país, pero necesita mejorar en el indicador de apertura de mercados, donde se podría hacer un énfasis en la libertad financiera, para permitir más y mejores sistemas de pago, así como abrir más el mercado de capitales. La reforma a la ley de mercado de valores y mercancías podría ayudar en este componente a ampliar la capacidad del país para contar con un mercado de capitales más robusto, a la par de que se incrementa la educación financiera en este tipo de instrumentos.

En cuanto a la libertad laboral, se requiere seguir impulsando mecanismos para contar con salarios mínimos con circunscripciones económicas diferenciadas, que sean más acordes a la realidad nacional, en donde se logre mayor formalización y acceso a seguridad social, a la vez que se equiparan los ingresos medios de la población, con un salario mínimo acorde a la productividad de cada departamento.

Ahora bien, el próximo gobierno debe hacer un énfasis importante en mejorar el estado de Derecho, para contar con mayor libertad económica. Tres aspectos son fundamentales: proteger la propiedad privada, que para el caso de nuestro país requiere un trabajo importante para hacer frente al crimen organizado y al narcotráfico que en ciertos departamentos se dedica a invadir fincas y terrenos para controlar áreas de paso de drogas o para la lavar dinero; mejorar la efectividad judicial, especialmente hacia apoyar mayor digitalización del Organismo Judicial, e integridad por parte del Gobierno, que requiere fortalecer la transparencia y la calidad del gasto público.

Si el próximo presidente de la República tiene dentro de su agenda la libertad económica; entonces, la certeza jurídica y el estado de Derecho deben ser una prioridad presidencial.