Muchos guatemaltecos, sobre todo quienes forman círculos de poder, tienen pánico a la historia y a los datos. Vemos como los Organismos Ejecutivo, Judicial y Legislativo huyen de su propia historia, por ejemplo, las grandes violaciones a los derechos humanos durante el enfrentamiento armado se llevaron a cabo por un Organismo Ejecutivo abusivo y criminal, un Legislativo cómplice y coadyuvante y un Organismo Judicial ausente, tanto en lo urbano como en lo rural.

La respuesta institucional de algunos es negar las acciones de genocidio, la práctica de la tortura y a los detenidos desaparecidos, porque con ello, justifican la cobardía de la barbarie, pero eso sí acuden a misa o al culto a proclamar La Palabra y desde su discurso político juran defender la vida y la libertad.

La negación de la historia es la mejor forma de repetirla y es fácil ver, en algunos fiscales, jueces y magistrados los nuevos rostros de quienes en su momento encarnaban la Auditoria de Guerra o la Procuraduría General de la Nación de los gobiernos militares y seudoconstitucionales.

La historia debemos conocerla para superarla, vivir negándola es concretar la mediocridad. Si no aceptamos el papel del Estado en una guerra sucia, repetiremos las dinámicas y las nuevas generaciones estarán condenadas a la estupidez del abuso.

Ha sido público como han pasado gobiernos con la intención de maquillar los censos para no informar sobre la realidad o cómo este gobierno sintió pánico al conocer el informe de desarrollo humano y recurrió a presiones inusuales para ocultar datos. La semana pasada vivimos también unas discusiones macondianas con relación a la triste competencia de nuestro país con Haití en sus índices de pobreza, cuando la discusión debería ser cómo garantizamos políticas sociales y dejamos de escapar de los mandatos constitucionales.

En esta vorágine de datos y análisis, la semana pasada tuve el gusto de recibir el “Rule of Law Index” traducido libremente podríamos decir el índice del Estado de Derecho, llevado a cabo por World Justice Project, una organización conocida por su seriedad. Se analizaron 139 países, entre los cuales se encuentra Guatemala y quiero acá, sin llegar a detalle, solo compartir los rangos obtenidos para así quizás obligar a nuestros tomadores de decisión a modificar su rumbo.

El primer rango el cual podríamos denominar “limitaciones de los poderes”, es decir, la vivencia del ejercicio republicano del gobierno nos encontramos en el puesto 19 de 32 de nuestra región y 74 de 139 del estudio global; en ausencia de corrupción, estamos en el puesto 24 de 32 regional y 114 de 139 global; en el índice de “gobierno abierto”, estamos en el 18 de 32 regional y 67 de 139 a nivel mundial; en cuanto al respeto de los derechos fundamentales aparecemos en el puesto 19 de 32 en la región y 74 de 139 globalmente; en cuanto al orden y seguridad estamos en el 27 de 32 de la región y 123 de 139 de los términos globales; regulación para hacer efectiva la ley nos hallamos en el puesto 25 de 32 regional y 115 de 139 del globo; nuestra justicia civil es tan precaria que nos recocemos en el puesto 30 de 32 en la región y 134 de 139 en el mundo para terminar con un puesto 25 de 32 regionalmente en lo penal y 127 de 139 en lo global.

Los datos deben servir para corregir el rumbo, no para conservarlo. Un país sin control del poder, con altos índices de corrupción y con poco orden y seguridad, así como con la justicia civil y penal precarias es incapaz de un mejor futuro, por lo menos en eso deberíamos estar de acuerdo.