La combinación fatal de una corte de constitucionalidad con poderes omnipotentes, amplio abanico discrecional y auras de inmunidad ha creado la tormenta perfecta para generar una disputa por el batón que quiebra la piñata… Es una lucha que enfrenta los poderes fácticos de la diestra y la siniestra…

Cuando los unos gozaban del control movían la pita de la piñata para su lado. De esa cuenta se bajaron a candidatos que pudieron llegar a ser presidentes, y casi logran bajarse a otro. La lista es grande e ilustra la realidad que enfrenta la democracia: La dictadura de los jueces, o “lawfare” como lo definió Charles Dunlap Jr. —del Centro del Centro Carr de Harvard— al describirlo como “el uso de la ley como un arma de guerra”. Suena patéticamente cierto —escribí hace un tiempo— cuando los más connotados juristas constitucionalistas se han pronunciado sobre el deterioro del sistema judicial, en especial la CC, donde se evidencia el mal uso de la ley para empujar agendas politiqueras espurias de ambos lados del río.

Y en medio de todo esto, el narcovoto está presente y laborioso. Más activo que nunca aprovechándose de las normativas absurdas de la Ley Electoral y de Partidos Políticos, que convirtió la recaudación electoral en algo tan extremadamente complejo de cumplir para los partidos y los donantes que prácticamente la eliminó para entregársela de cuerpo entero en efectivo y sin ningún control a los narcos y a todo el andamiaje corrupto que precisamente durante más de una década se ha tratado de erradicar para evitar la contribución ilícita electoral. Esa es la realidad.

El gobierno estadounidense siempre tendrá que enfrentarse para desenmascarar y capturar a los obvios narco corruptos a sabiendas de que Guatemala se encuentra justo en medio de una posición geopolítica crítica, de cuyos gobiernos electos dependen no solo la cooperación plena del combate del narcotráfico, sino contra la corrupción sistémica —incluyendo las cortes— que generan un ambiente hostil hacia las inversiones y, por ende, la degradación de la economía y el incremento de los migrantes hacia tierras del tío Sam.

Pero duele que todo este circo por la elección de la nueva corte tenga un valor político tangible tan alto debido a la vorágine de intereses fácticos que engendra su poderío jurídico.

Desde su fundación, no he sido el único en repetir hasta la saciedad, que para que una corte de constitucionalidad con este calibre de poderío funcione bien, se hace absolutamente necesario ampliar el horizonte de los periodos de los magistrados a un mínimo de 15 años, para atraer a todos aquellos juristas eminentes de comprobada idoneidad, experiencia y conocimiento para coronar su carrera entregando lo mejor de si en aras de servir a la patria.

Subyace bajo toda esta disputa una evidente necesidad de recomponer el estado mediante políticas públicas idóneas que respeten el estado de Derecho, propiedad privada, normas claras; la eliminación de los incentivos perversos que generan corrupción e impunidad; la disposición de llegar a acuerdos para establecer cabezas de playa de cooperación con agencias de especialización en el combate al crimen organizado y ante todo, la capacidad del equipo humano necesario, para sentar las bases de un plan de país que requiere un horizonte de largo plazo para atender una presa de enormes demandas sociales: desnutrición, educación para el desarrollo, salud preventiva, desarrollo económico, cosas todas que requieren de liderazgo con experiencia y preparación para bregar con ese campo minado de la política criolla.

Y que se acaben las piñatas…