El hambre que azota a naciones enteras alrededor del mundo no es normal. La miseria en la cual se consume la vida de millones de seres humanos ha sido producto de sistemas económicos depredadores basados en la acumulación de riqueza, la cual se ha obtenido por la fuerza de las armas y la intimidación, la corrupción de líderes locales y la eliminación de cuadros políticos con arraigo popular y tendencia democrática. La consecuente captura de espacios de poder —entre los cuales se insertan las organizaciones políticas, los medios de comunicación, las grandes corporaciones y las instituciones religiosas— ha predispuesto a los sectores populares a aceptar como normal un estado de cosas capaz de privarlos de una buena cantidad de derechos garantizados mediante convenios y convenciones ratificados por la mayoría de Estados.

Como consecuencia, cuando las contradicciones entre el discurso y la práctica se agudizan al punto de poner en evidencia las fisuras del sistema, resulta inevitable la acumulación de rabia y frustración entre los sectores afectados y es cuando se abandonan los diálogos y se invaden las calles. Durante los años recientes se ha visto a las multitudes expresar su protesta en manifestaciones masivas cada vez más nutridas, a todo lo largo y ancho del planeta. Sin embargo, y a pesar de la pertinencia de sus demandas y la urgencia de medidas de corrección, los sólidos e inamovibles centros de poder se mantienen incólumes gracias a sistemas concebidos, diseñados e impuestos para blindarse contra cualquier amenaza de cambio.

Una de las facetas más perversas de esta ideología del estatu quo ha sido la estrategia de dividir mediante conceptos insertos en el inconsciente colectivo, modulando la percepción de lo “nuestro” como diferente a partir de estructuras culturales definidas por los centros de poder económico y político. Es decir, se nos ha educado para considerar como positivas las actitudes de sumisión por clase, por etnia y por género. También se ha impreso de manera indeleble la visión de un orgullo nacional prefabricado, el cual, entre sus máximas expresiones públicas, se traduce en desfiles de arrogante potencia militar, aplaudidos y admirados por la misma ciudadanía, a la cual, llegado el momento, reprimirán con extrema violencia.

Por eso no es de extrañar la visión lejana y ajena de nuestros pueblos sobre las masivas protestas contra el racismo que se desarrollan actualmente en Estados Unidos. Es como seguir una serie televisiva que no nos toca fibra alguna. Sin embargo, nuestros países del cono sur se encuentran sumidos desde los inicios de su historia en los genocidios de pueblos originarios, desde el extremo sur —con la extinción de etnias completas por los colonos europeos y criollos chilenos y argentinos para dominar esas tierras— hasta los cometidos contra indígenas en México y Centroamérica, prácticas usuales de predominio económico en todo el continente, avaladas por las más altas autoridades religiosas y sus mejores promotores: las familias poderosas.

La rabia de los otros es también —o debería ser— nuestra rabia. Las políticas de violencia racista en el país del norte no son más que un espejo de las nuestras, asumidas por la fuerza del miedo como parte inevitable de nuestro devenir; pero, más lamentable aún, aceptadas como parte integral de los procesos de desarrollo de nuestros países: el “blanqueamiento” propiciado por las clases dominantes como valor fundamental en la búsqueda de un progreso basado en el exterminio.