Estados Unidos
Punto de encuentro
La venganza de Mazariegos
Ya iniciaron las represalias en contra de quienes se articularon para frenar el segundo fraude en la Usac.
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Todavía no se han terminado de resolver los casos de criminalización en contra de estudiantes, docentes y trabajadores de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac) —y de las personas que los acuerparon— en su legítimo reclamo por revertir el fraude electoral que se dio en el año 2022, en el que fue impuesto como rector —para un primer período— Walter Ramiro Mazariegos Biolis, cuando ya se iniciaron las represalias en contra de quienes se articularon para frenar el segundo fraude en este 2026.
La autonomía no es una patente de corso para delinquir y menos para negar el derecho a la educación superior.
En tribunales siguen ventilándose los procesos judiciales que inició el Ministerio Público de Consuelo Porras Argueta por la toma de la universidad, con los permanentes retrasos y las componendas entre fiscales, jueces y magistrados afines a Mazariegos, que mantienen los “casos” abiertos y el arresto domiciliario como espada de Damocles.
Muy frescas están en nuestra memoria las imágenes de las capturas de profesores y estudiantes engrilletados como delincuentes y la vergonzosa conferencia de prensa que la Fiscalía organizó para justificarlas; y también las expulsiones de alumnos a través de procesos anómalos avalados por una mayoría de miembros del Consejo Superior Universitario (CSU).
Por eso es digna de enorme reconocimiento la participación de la comunidad sancarlista en el movimiento que se gestó para recuperar la Usac y evitar un segundo período de Mazariegos como rector, a sabiendas de las consecuencias que podría acarrearles.
No ha pasado siquiera un mes desde la toma de posesión del segundo rectorado, cuando la cooptada maquinaria universitaria ya se puso en marcha para castigar a las y los estudiantes que, en defensa de la autonomía y la democracia universitaria, encabezaron acciones legítimas como participar y respaldar planillas de oposición, reclamar la acreditación de electores legítimamente designados, denunciar las manipulaciones e ilegalidades, presentar recursos judiciales, movilizarse y protestar.
El pasado viernes, un grupo de estudiantes denunció en las afueras de la Usac que se habrían cancelado las inscripciones como alumnos de la universidad pública de una treintena de jóvenes de diversas unidades académicas. Al tratar de asignarse los cursos para el segundo semestre del 2026, se encontraron con que ya no estaban inscritos y que en el área de Registro y Estadística no aparecían sus credenciales.
A través de un video que circuló en redes sociales, Jennifer de la Cruz, estudiante del décimo semestre en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, denunció “persecución política por parte de las autoridades académicas de la Usac”. Según narró, al momento de intentar realizar la asignación de cursos descubrió que le habían borrado sus registros académicos, y con ello se ve imposibilitada de terminar la carrera de Derecho. “Yo no tengo miedo, no he hecho nada malo. Sé que soy una persona disidente y crítica, pero eso no les da derecho de quitarme el acceso a la educación superior, que es un derecho constitucional”.
Resulta inaudito que Mazariegos se sienta con total impunidad para actuar violentando normas legales y procesos administrativos. Además de orquestar dos fraudes para hacerse de la rectoría, convertir a la Usac en un búnker impenetrable, mantener ilegalmente en sus puestos a la mayoría de integrantes del CSU, enfrentar denuncias de la Contraloría por posibles irregularidades en el manejo de fondos presupuestarios, y utilizar su poder para castigar y vengarse de quienes denuncian y se oponen a sus desmanes.
La autonomía no es una patente de corso para delinquir y menos para negar el derecho a la educación de jóvenes que legítimamente manifiestan, denuncian y cuestionan. ¿Hasta dónde le permitirán llegar?
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