Estados Unidos
De mis notas
Las autopistas invisibles del desarrollo
Trecsa: Una demanda de US$400 millones: El costo de bloquear infraestructura estratégica.
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Durante décadas, Guatemala ha hablado de carreteras, puertos y aeropuertos como símbolos del atraso nacional. Pero el cuello de botella no está solo en lo visible, sino en lo que no se construye: la red de transmisión eléctrica. Sin ella, la inversión en generación e industria queda incompleta, porque la transmisión no es solo un complemento del crecimiento, sino una condición básica.
La electricidad no basta con generarla. Igual que una carretera mueve mercancías, una línea de transmisión transporta energía hasta donde la demanda. Sin esa red, fábricas no se instalan, agroindustrias no crecen y comunidades rurales siguen aisladas.
Según el Ministerio de Energía y Minas, el Plan de Expansión del Sistema de Transporte 2026-2050 contempla 172 subestaciones y 5,687 kilómetros de líneas. Prensa Libre, en nota de abril/26, reportó que la demanda eléctrica alcanzó en marzo un récord de 2,263.23 megavatios. “La licitación PEG-5 busca hasta 1,550 megavatios. Pero esa energía necesitará cables de alta tensión, subestaciones, servidumbres, permisos y certeza jurídica”.
Y es ahí donde aparece el problema de fondo. Guatemala no sufre solo falta de infraestructura; sufre realmente de una falta de autoridad institucional para construirla.
Fundesa ya ha señalado que Guatemala arrastra un déficit vial cercano a 20 mil kilómetros. Pero esa fragilidad estratégica no se limita a las carreteras. También se observa en puertos, aeropuertos y electricidad. No faltan diagnósticos ni proyectos importantes. Muchas veces tampoco falta inversión. Lo que falta es capacidad institucional para ejecutarlos: permisos dispersos, litigios interminables y decisiones locales que convierten una obra nacional en rehén de intereses municipales espurios.
Guatemala no solo sufre de una falta de infraestructura, sino de autoridad institucional para construirla.
La autonomía municipal es un principio valioso. Permite defender lo local y ordenar el territorio. Pero se pervierte cuando algunos alcaldes la utilizan como poder de veto o aduana politiquera, como volvió a salir con el caso Xochi. Ningún municipio debería imponer cobros sin base legal, revocar licencias ya otorgadas, bloquear obras estratégicas ni sustituir la ley por decisiones discrecionales. Eso no es autonomía; es arbitrariedad.
El caso Trecsa debería estudiarse como una advertencia nacional. Prensa Libre, en enero 2016, reportó que el proyecto tenía adjudicados 866 kilómetros de red. Pero quedó atrapado entre licencias municipales, servidumbres, conflictividad local, acciones legales y decisiones judiciales. Cuando la Corte de Constitucionalidad dejó sin efecto la declaratoria de urgencia nacional, el país perdió una herramienta crítica para ordenar infraestructura eléctrica. No se trataba de eliminar controles, sino de evitar que una obra nacional quedara fragmentada en vetos locales, exactamente lo que ocurrió.
La Cámara de Industria y el Cacif han advertido de que estas trabas afectan proyectos de electricidad y carreteras. La CNEE, citada por La Hora en días pasados, señaló bloqueos municipales y exigencias no reguladas que derivaron en reclamos superiores a 400 millones de dólares. Eso convierte la falta de certeza jurídica en pérdida de inversiones, empleos e ingresos fiscales.
Por eso es relevante la iniciativa 6665, dictaminada favorablemente por el Congreso en febrero de este año, la cual propone una Ley de Infraestructura Urgente para el Transporte de Energía. Será una solución que apunta al corazón del problema: reglas claras, plazos ciertos, servidumbres ordenadas y autoridad capaz de distinguir entre consulta legítima y bloqueo espurio indefinido.
Se ha hablado hasta la saciedad de la necesidad de infraestructura vial, puertos y aeropuertos, ahora hay que agregar a esa ecuación la infraestructura de la transmisión eléctrica.
Porque sin ella, simplemente se apagan las luces del desarrollo.
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