Estados Unidos
Punto de encuentro
Las autoridades indígenas no son terroristas
Se quiso equiparar la organización comunitaria con una estructura criminal.
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La decisión del Ministerio Público (MP) de Gabriel García Luna de solicitar el cierre del caso penal en contra de Luis Pacheco, Héctor Chaclán, Basilio Puac y Esteban Toc, autoridades indígenas de los 48 Cantones de Totonicapán y de la Alcaldía Indígena de Sololá es un paso central para la justicia de Guatemala.
Las acciones realizadas ocurrieron en el marco de los derechos de resistencia y libertad de expresión.
Las acusaciones que enfrentaban por los delitos de asociación ilícita, terrorismo, obstrucción a la justicia, sedición y obstaculización de la acción penal, por su participación y liderazgo en el Paro Nacional de octubre de 2023, les trajeron innumerables consecuencias.
Pacheco y Chaclán pasaron 15 meses privados de su libertad mientras el proceso estuvo detenido por acciones maliciosas de la anterior fiscalía en contubernio con la Fundación contra el Terrorismo, querellante en el proceso. Durante todo este tiempo, el MP de Consuelo Porras sostuvo una acusación espuria en la que se quiso equiparar la organización indígena y comunitaria con una estructura terrorista.
A partir de esa tesis criminalizadora y profundamente racista, se fabricó un caso en el que se buscaba condenar a los líderes indígenas por “asociarse ilícitamente” para cometer delitos. Y, de forma paralela, se construyó otra “investigación” para probar un supuesto fraude electoral que habría llevado a Bernardo Arévalo y a Karin Herrera a la Presidencia.
Y esto no fue una casualidad, sino una estrategia muy bien armada que pretendía desconocer la voluntad ciudadana expresada en las urnas y castigar a quienes detuvieron la maniobra golpista. Porque no nos olvidemos de que, de no ser por las movilizaciones masivas de la población guatemalteca, convocadas por las autoridades ancestrales, se habría dado una ruptura del sistema democrático y estaríamos en un régimen de facto.
Cristian Beteta, fiscal contra el Crimen Organizado, sostuvo en la audiencia donde debía decidirse si las autoridades serían enviadas a juicio, que las acciones realizadas por los líderes indígenas ocurrieron en el marco de los derechos de resistencia y libertad de expresión, reconocidos por la Constitución. “Al comprobarse que los procesados actúan desprovistos de una voluntad autónoma criminal, sino en estricto cumplimiento de un mandato asambleario, se desvanece que no lo requirieron para los delitos de terrorismo”, planteó el funcionario del MP ante el juez (Prensa Comunitaria, 10/9/26).
Y es que con estos procesos penales arbitrarios había también una clara intención de deslegitimar las formas de organización y representación de los pueblos indígenas en el país y sentar un precedente para silenciarlos y desmovilizarlos. Objetivos que han sido recurrentes a lo largo de la historia guatemalteca caracterizada por la persecución sostenida contra los indígenas, que en la década de los 80 afrontaron incluso actos de genocidio.
Un día después de la argumentación del MP, que según reporta Plaza Pública se fundamentó en una opinión técnica emitida por la Secretaría de Pueblos Indígenas de la institución, el juez Mynor Moto —cuestionado por sus resoluciones polémicas en casos de corrupción— resolvió cerrar el proceso y reiteró en más de una ocasión: “no hay evidencia de que los 48 Cantones se dediquen a las actividades criminales”.
Con este proceso, son dos precedentes los que García Luna sienta en la ruta por la descriminalización. El primero fue el cierre del caso en contra de ocho periodistas de diario elPeriódico. Sin embargo, quedan decenas de casos espurios que mantienen ligados a proceso, en el exilio o en prisión a personas inocentes como el exfiscal Stuardo Campo.
Anima que, en el medio de la podredumbre del sistema judicial y de las altas cortes (con honrosas excepciones), el nuevo fiscal general reencauce la misión del MP que nunca debe ser perseguir a personas que no han cometido delitos.
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