Trascendió cómo el Ministerio Público promovió un amparo en contra de la manifestación “molesta” del barrio Gerona, luego pidió la ejecución de la resolución provisional por la que se debía garantizar el acceso a su sede y antier se animó a pedir la destitución del propio ministro de Gobernación por rebelde y de forma paralela existen también rumores de abandono del cargo de la propia Fiscal General.

La Corte de Constitucionalidad para todo lo gestionado por el Ministerio Público actúa rápido así fue como el ministro prefirió renunciar y veremos si las manifestaciones en las cuales pedimos la renuncia de fiscales y un juez seguirán siendo pacíficas o si bien, la reacción es la represión oficial. En el crimen de Malacatán se constató intervención de dirigentes del partido oficial e igual señalamiento existe en Cuyotenango, donde el alcalde es conocido por sus amenazas abiertas a la población.

Nos debe llamar la atención el interés institucional del Ministerio Público para reprimir las manifestaciones, porque fue la actual Fiscal General quien promovió el amparo ante la Corte de Constitucionalidad para suspender la elección de las Cortes y en dicha demanda, el Ministerio Público explicó, detalló y enumeró la existencia de vicios enormes por parte de algunos de los integrantes de las comisiones de postulación conformadas para el efecto y alertó el peligro de obtener cortes no independientes.

Dentro de los anales del realismo mágico quedó grabado cómo al obtener el amparo a su favor, el propio Ministerio Público pidió la anulación de lo resuelto el mismo día de notificado, sin duda lográndose un premio al absurdo.

La semana pasada la Corte Suprema de Justicia y las Cortes de Apelaciones junto con los tribunales similares cumplieron 4 años de ejercer sus funciones fuera del período constitucional para el cual fueron electas, pero lo más significativo es que el Ministerio Público jamás ha presentado, a la fecha, una sola solicitud para obligar la elección por parte del Congreso y ejecutar la sentencia que dicha institución consiguió a su favor.

El Ministerio Público pidió la suspensión de la elección de magistrados de cortes, pero dicha institución al parecer poco le importa cómo su gestión oficial no es acatada por el Congreso y así ajustemos 4 años, actitud y patrón evidente de violación constitucional en total impunidad, llegándose a 9 años de período por simple desidia.

La Corte Suprema de Justicia, las Cortes de Apelaciones y Tribunales similares conforme los artículos 215 y 217 constitucionales se eligen por cinco años, ¿por qué al Ministerio Público dicho mandato constitucional le importa tan poco? Si bien es cierto, la Corte de Constitucionalidad, de oficio, debió en estos años hacer lo mínimo para cumplir su sentencia, el mayor interesado es quien gestionó, pero ahora presenciamos cómo a la Fiscal General solo le interesa lo que le afecta de forma personal, como lo es el paro nacional indefinido provocado por su actuar para desvirtuar el proceso electoral y exigir su renuncia.

La primera obligación del Ministerio Público y de la Corte de Constitucionalidad es hacer respetar la Constitución.

El Congreso de la República, como le es habitual se dedicará al “debate” sobre el presupuesto y es de sobra conocido, incluso por denuncias de algunos diputados, cómo el dinero del soborno se hace presente en el hemiciclo, así de seguro, pasará el 2023 sin elegir Cortes y sin cumplir la sentencia dictada por el máximo Tribunal Constitucional, lo cual es grave, porque ahora doña Consuelo enseña cómo las sentencias son optativas y así acabamos con cualquier noción de libertad y todo por las prioridades equivocadas e interesadas del Ministerio Público.