Estados Unidos
Conciencia
Legislar exige seriedad
Las comisiones del Congreso deben convertir sus buenas intenciones en leyes técnicamente sustentadas.
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El Congreso conoció en primera lectura el dictamen favorable de la iniciativa 6556, que propone aprobar una ley de teletrabajo. El proyecto pretende regular esa modalidad, pero también permite examinar la calidad con la que se legisla y el cumplimiento de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo (LOOL).
La calidad de las leyes depende del rigor técnico y del respeto al procedimiento.
La iniciativa original adolecía de serias deficiencias. Incluía 11 confusas modalidades de teletrabajo y libraba temas fundamentales a un reglamento. Incluso se fundamentaba en el artículo 82 de la Constitución, relativo a la autonomía de la Universidad de San Carlos de Guatemala, en vez del 102, sobre los derechos laborales. El error revela su falta elemental de rigor jurídico.
La Comisión de Trabajo, previamente a emitir su dictamen, realizó varios cambios como eliminar las controversiales 11 modalidades; sin embargo, durante la sesión, una diputada advirtió de que aún quedaban temas por resolver. ¡Y qué razón tenía!
El artículo 156 del Código de Trabajo reconoce a quienes trabajan en su hogar o en otro lugar elegido libremente, sin la vigilancia inmediata del patrono. Aunque responde a otro contexto, confirma que el trabajo fuera de un centro laboral forma parte desde hace décadas de la legislación guatemalteca.
Especialistas consultados consideran que esta sobrerregulación, lejos de segmentar nuevas prácticas en materia laboral, únicamente crearía contradicciones frente al Código de Trabajo. Debió evaluarse la pertinencia de reglamentar el régimen existente y complementarlo con disposiciones sobre tecnología y prestación remota del servicio. Una nueva ley debe facilitar la contratación, no introducir rigideces.
Colombia, Chile y Uruguay ya regulan la voluntariedad, jornada, desconexión y seguridad laboral. Sus normas también distribuyen responsabilidades sobre equipos, costos y prevención de riesgos. Comparar permite anticipar problemas y justificar decisiones.
Quizá la nota más curiosa de la iniciativa es su artículo 2, que dice: “(…) La presente ley es aplicable exclusivamente a los trabajadores y empleadores del sector privado (…)”. O sea que el “teletrabajo” para el sector público queda excluido. Práctica que, pese ser bastante generalizada dentro del sector gobierno, especialmente para celebrar juntas directivas o sesiones de cualquier tipo, con esta nueva disposición legal, ya no podrían realizarse.
La paradoja comienza en el Congreso. En 2020 reformó el reglamento de las comisiones para sesionar virtualmente, votar y respaldar el pago de dietas. También autorizó el teletrabajo del personal. Si aprueba esta ley, la presencia física podría volver a ser la única opción para el Congreso, los Concejos, la Corte de Constitucionalidad y los Consejos de Desarrollo.
También existieron problemas de procedimiento. El artículo 40 de la LOOL fija 45 días hábiles para emitir dictamen, salvo que el pleno autorice una prórroga. La iniciativa fue remitida a la Comisión de Trabajo en 2025 y dictaminada hasta agosto de 2026. El plazo fue incumplido.
La urgencia nacional es un procedimiento excepcional y el Congreso no debería convertirlo en práctica habitual. En 2025, ese procedimiento se utilizó para aprobar 15 de 27 decretos y, durante el primer período de 2026, seis de 14. La iniciativa obtuvo 97 votos, pero no alcanzó los 107 requeridos. El procedimiento ordinario ofrece la oportunidad de corregirla antes del segundo y tercer debate; lo razonable sería devolverla a la Comisión.
Los diputados elevaron considerablemente su salario. Ese aumento debería reflejarse en mejores dictámenes, iniciativas de calidad y cumplimiento de su propia ley. Todavía hay tiempo para revisar la iniciativa de teletrabajo. Quienes hacen las leyes deberían ser los primeros en cumplirlas.
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