Estados Unidos
Punto de encuentro
Liberen a Stuardo Campo
El encarcelamiento del exfiscal anticorrupción es una represalia directa por el ejercicio de sus funciones públicas.
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Hoy, el exfiscal anticorrupción Stuardo Campo Aguilar cumple mil 41 días de estar preso. Su detención es una de las nefastas herencias de la gestión de María Consuelo Porras Argueta al frente del Ministerio Público (MP). Como la de Jose Rubén Zamora, Virginia Laparra, Héctor Chaclán y Luis Pacheco, el suyo es un encarcelamiento arbitrario que excede —por mucho— los plazos “razonables” de la prisión preventiva.
No lo digo yo. El pasado 14 de julio, el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) concluyó que la privación de libertad de Campo vulnera múltiples garantías de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; es una represalia directa por el ejercicio de sus funciones públicas, carece de base legal y viola el debido proceso. En su pronunciamiento, los expertos pidieron su liberación inmediata.
Al exfiscal lo detuvieron el 1 de diciembre de 2023, mientras cumplía arresto domiciliario con control telemático por un primer caso en el que lo involucraron. Este segundo proceso, conocido como caso Zolic, en referencia a la Zona Libre de Industria y Comercio Santo Tomás de Castilla, es el que mantiene a Campo en prisión.
La persecución se deriva del trabajo que él, como jefe de la Fiscalía Anticorrupción, y la exauxiliar fiscal Leslie Pineda realizaron en contra de una estructura criminal que llevó a cabo un fraude millonario en la portuaria Santo Tomás contratando empresas de fachada para simular servicios que nunca se prestaron. Por esa investigación, el MP de Porras Argueta, a través de la Fiscalía de Asuntos Internos, los señaló de los delitos de incumplimiento de deberes y ocultamiento de evidencias e inició la criminalización en su contra: en lugar de perseguir corruptos, el ensañamiento fue contra fiscales anticorrupción.
Tras 34 meses de prisión arbitraria, la libertad de Stuardo Campo es imperativa.
Este caso está en el Juzgado Décimo Penal a cargo de Víctor Cruz, quien también es juez contralor en el proceso en contra de estudiantes y profesionales de la Universidad de San Carlos de Guatemala, conocido como Toma Usac. A lo largo de varios meses, el juzgador ha aceptado una serie de excusas o generado las propias para aplazar indefinidamente la decisión de enviar o no a juicio al exfiscal Campo Aguilar. También ha dicho que primero resolverá este tema y luego dará trámite a la petición de la defensa de revisar su encarcelamiento y otorgarle una medida sustitutiva.
Desde el 3 de febrero hasta la fecha, ya van 15 ocasiones, ¡15!, en las que las audiencias se suspenden, el proceso sigue estancado y el exfiscal Stuardo Campo continúa en prisión. Las “razones” que ha esgrimido Cruz van desde imposibilidad material del juzgado e inestabilidad eléctrica en la Torre de Tribunales hasta excusa médica de los denunciantes. Esto no tiene otro nombre más que retraso malicioso de la justicia y violación al debido proceso.
Para variar, la Corte de Constitucionalidad (CC) también tiene vela en este entierro. Desde enero de este año está pendiente de resolver una apelación de amparo que la defensa de Campo interpuso contra la decisión de una sala de Apelaciones que le negó el arresto domiciliario. Primero acudieron ante la cámara penal de la Corte Suprema de Justicia que no otorgó la protección al exfiscal, y por eso el expediente pasó a la CC, que podría, con una resolución apegada a derecho, frenar las reiteradas violaciones que se han dado y ordenar que se revise la prisión preventiva y se otorgue una medida sustitutiva.
Los casos en contra de Stuardo Campo son parte de un patrón sistemático de persecución y criminalización en contra de fiscales, abogados y operadores de justicia que investigaron y combatieron la corrupción. Tras 34 meses de prisión arbitraria, la libertad de Stuardo Campo es imperativa.
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