Estados Unidos
Con otra mirada
Los dueños de la finca la volvieron a hacer
Hoy, los dueños de la finca ya entendieron que en las elecciones de 2027 perderán la privilegiada posición que detentan desde 1954.
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Guatemala posee huellas urbanas y arquitectónicas; de pintura, escultura, textos pictográficos y otras expresiones culturales de ancestrales grupos civilizatorios, hoy calificadas como patrimonio cultural y fuente de identidad. Aún no lo conocemos todo, pero todo está legalmente protegido por el trabajo de visionarios académicos. Valiosa protección que en más de una oportunidad ha sido burlada por aquellos a quienes la cultura no significa nada o peor aún, que la consideran un estorbo para el desarrollo, según su limitado punto de vista.
El ministro de Cultura debió advertir que esas reformas a la ley de su jurisdicción eran inconstitucionales.
Un ejemplo de eso lo conocimos en 2015: Pronacom, un adefesio institucional impuesto por los dueños de la finca y Anadie, su unidad ejecutora para proyectos de los empresarios, por y para los empresarios, pero con dinero del Estado. El Programa Nacional de Competitividad (Pronacom) está dirigido por empresarios aglutinados en el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), al que se suma la Cámara de la Construcción (con dos votos), y la mayoría de ministerios del Estado. El Ministerio de Cultura y Deportes no aparece y, como guinda del pastel, hay una cláusula, palabras más palabras menos: en caso exista algún monumento que impida el desarrollo de un proyecto, se modificará la ley correspondiente.
Aquel despropósito presentó el proyecto del Centro Administrativo del Estado a construir en los terrenos de la Estación Central del Ferrocarril (Fegua). La propuesta desechó el valor de las instalaciones industriales, patrimonio cultural de la Nación, en pleno Centro Cívico de la ciudad de Guatemala, declarado Conjunto Monumental y protegido por la ley. El grupo de profesionales que se opuso al proyecto se convirtió en un movimiento cívico: Ciudadanos Decididos a Defender el Patrimonio Cultural de la Nación, que detuvo la iniciativa. En 2016, con al apoyo de Ministerio de Cultura y Deportes propusimos una solución racional: La Estación Central de las Artes y las Ciencias, complejo de uso mixto integrado al Centro Cívico, alimentado por el tren de cercanías sobre el eje Agua Caliente-Villa Nueva.
Hoy, los dueños de la finca ya entendieron que en las elecciones de 2027 perderán la privilegiada posición que detentan desde 1954. Así, la volvieron a hacer, junto a diputados al Congreso siempre dispuestos a satisfacer a sus patronos, creyendo que son socios. Dejaron muy mal visto al Organismo Ejecutivo. Dentro de una ley portuaria, introdujeron perversas y malintencionadas reformas a artículos de la Ley para la Protección del Patrimonio Cultural de la Nación. Manosearon aspectos relativos a identificar, registrar, cuidar y proteger los bienes culturales que prevén les estorbarán, cuando ya no manden, en sus proyectos de especulación edilicia o en el mejor de los casos, agrícolas e industriales.
Ante eso, surge la duda ¿Qué se discute en las reuniones semanales del Consejo de ministros? El presidente no tiene porqué saber de todo. Basta con que sea un estadista, tenga criterio, sepa elegir y coordinar a su equipo de gobierno, seleccionado de entre lo más granado del qué hacer del Estado. A los ministros de Desarrollo, Medio Ambiente, Educación y Cultura, pues sí, se les debe exigir tener un nivel cultural superior a los otros, expertos tecnócratas en su formación profesional. En particular, el ministro de Cultura debió advertir que esas reformas a la ley de su jurisdicción eran inconstitucionales.
Ante esa aberración, cabe el recurso de inconstitucionalidad.
A mi parecer, corresponde al ministro de Cultura plantear al presidente la urgencia de abortar semejante despropósito.
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