Un negocio que puede dejar tiradas avionetas, como si fueran bicicletas, demuestra la gran capacidad que tienen grupos del crimen organizado para controlar las rutas por las que transitan alrededor de 936 toneladas métricas de producción de cocaína, aunque estimaciones más recientes calculan que la producción ya se encuentra alrededor de las 1,500 toneladas métricas de coca pura, según Insight Crime.

Si a esto le sumamos lo que viene de Venezuela, Perú y otros países es casi imposible pensar en un proceso de fortalecimiento institucional sin un apoyo decidido por parte de los Estados Unidos a reducir la demanda del consumo o empezar a buscar maneras alternativas para que Guatemala deje de ser el centro de distribución de la droga, ya que, como bien hemos visto, la entrada de todo el producto siempre es por tierra a través de México, y esto hace que nuestro país se vuelva muy susceptible a los efectos que el narcotráfico tiene en las instituciones.

Áreas fronterizas de Guatemala como Huehuetenango o San Marcos, sin ninguna presencia del Estado, son regiones apetecibles para cualquier grupo del crimen organizado que desee tomar control de los territorios y establecer rutas para el narcotráfico, ahuyentando cualquier inversión productiva que desee operar legalmente en la zona. Esto se ha visto recientemente no solo en regiones como Ixquisis, donde claramente hay grupos asociados al crimen organizado, armados de una manera impresionante para hostigar a empresas formales a que no se establezcan en sus territorios, ya que eso afecta la forma en que ellos operan sus rutas de drogas, personas, armas o contrabando de manera clandestina.

El gran desafío de la institucionalidad en Guatemala es que es más débil que el crimen organizado, y si no se cambian las condiciones sobre cómo llegan las personas a ocupar los puestos de decisión, esa batalla estará siempre perdida.

Diferentes actores sociales, la academia, el sector empresarial y la cooperación internacional somos suficientemente conscientes de que una de las reformas más importantes está en proponer y aprobar cambios a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, abriendo los listados y permitiendo que las personas voten directamente por sus representantes. Así mismo, se necesita reducir el tamaño de los distritos electorales, transparentar la forma en que los partidos políticos obtienen financiamiento y dotar de mayor capacidad técnica y financiera al Tribunal Supremo Electoral.

Estas reformas no solo requieren un consenso de diferentes sectores, sino deben ir acompañadas de una estrategia clara sobre cómo se va a trabajar para seguir la ruta del dinero y canalizar recursos hacia la estrategia de lucha contra el contrabando, narcotráfico, lavado de dinero y otros crímenes relacionados, que muchas veces son la fuente de financiamiento de mucha de la corrupción en el país.

El dotar de mayor independencia al Organismo Judicial, de la mano de un fortalecimiento institucional a los investigadores del Ministerio Público, sin duda puede ayudar a limitar la capacidad de grupos criminales de cooptar el Estado. Estas deberían ser una prioridad estratégica para todos los grupos organizados de la sociedad, que sin duda requiere una mayor cooperación con Estados Unidos para que pueda ser efectiva.

Dejemos de ver solo las consecuencias y busquemos juntos las causas de la corrupción, que tanto daño le ha hecho a la región. Veremos cómo el denominado Triángulo Norte de Centroamérica tiene muchos retos comunes en materia de narcotráfico, que mantiene esas estructuras de poder.