Estados Unidos
A contraluz
Matar para silenciar
El clamor ciudadano exige que los autores intelectuales del asesinato de Solórzano Foppa enfrenten a la justicia.
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El execrable asesinato de Juan Francisco Solórzano Foppa y Gustavo Adolfo Aguilar recuerda los aciagos días del conflicto armado interno. Los autores intelectuales planificaron que el hecho se perpetrara en un lugar público, frente a decenas de personas, para demostrar impunidad e infundir terror. Descargaron sus armas contra alguien que no se cansaba de denunciar de frente a las estructuras criminales.
Aunque no se puede descartar ninguna hipótesis, este crimen tiene connotaciones políticas porque Solórzano Foppa era una persona incómoda para las mafias, desde las que están incrustadas en el Estado, el sector empresarial, hasta el narcotráfico y las pandillas. Cuando fue fiscal en el Ministerio Público coadyuvó a destapar el caso La Línea, que dirigían Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti, además de lograr la captura de Aldo Dupié Ochoa, alias el Lobo, líder del Barrio 18, sobrino político de Sandra Torres.
Cuando dirigió la SAT, lanzó una ofensiva contra los defraudadores de impuestos, entre ellos empresas vinculadas al Cacif. El más emblemático fue el de Aceros de Guatemala, que se vio obligada a pagar Q783 millones por evasión sistemática. Por haber tocado esos intereses, los serviles políticos, a la orden del gran capital, bloquearon su participación electoral. Consuelo Porras lo persiguió por haber intentado crear un comité político y por haber asumido la defensa del periodista Jose Rubén Zamora.
En su más reciente denuncia en redes sociales, Solórzano Foppa dijo que lo ocurrido en Huité, Zacapa, habría sido una operación encubierta de la CIA, con la participación de soldados del Ejército guatemalteco, que causó la muerte de ocho civiles inocentes. Indicó que la incursión armada tenía el objetivo de capturar al presunto narco Haroldo Lorenzana, pero fracasó. Señaló que debido a esas implicaciones el presidente Arévalo guarda silencio.
Solórzano Foppa era una voz incansable que denunciaba de frente a las mafias.
Durante su asesinato, llamó la atención la forma de actuar de la PNC. En el momento del crimen, la víctima contaba con dos policías que lo custodiaban y que estaban a unos 30 o 40 metros de distancia. ¿Por qué no accionaron o persiguieron a los sicarios? Luego, otros agentes capturaron a dos jóvenes indígenas inocentes como supuestos autores del crimen, a quienes plantaron un arma. Ese hecho desvió la atención y evitó que las pesquisas continuaran en horas vitales, lo cual contribuyó a que se borrara el rastro de los hechores.
La PNC arrastra cuestionamientos por decisiones de gobiernos anteriores y que durante el actual no han sido subsanadas. Existe una fuerte desconfianza hacia las fuerzas de seguridad porque no es la primera vez que actúan de esa forma. Lo mismo ocurre con el Ministerio Público, que durante los ocho años en que fue dirigido por Porras erosionó su capacidad investigativa, además de haberlo convertido en arma de venganza política.
Las mafias están desatadas porque buscan recuperar el terreno perdido y ahora buscarían otros objetivos. Solo así se puede entender que en este clima de violencia intenten amedrentar a personas como el abogado Édgar Ortiz, que busca la reforma del poder judicial, y que haya sectores radicales en el Ejército que intenten darle un golpe de Estado al presidente Arévalo.
Hoy, el ministro Marco Antonio Villeda y el fiscal general, Gabriel García Luna, están llamados a dar respuestas claras y contundentes. El primero, para una depuración drástica de las manzanas podridas que hacen estragos en la policía. El segundo, porque está obligado a realizar una investigación profunda sobre los autores intelectuales del asesinato de Solórzano Foppa. Su credibilidad está en juego. El clamor ciudadano exige justicia.
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