Conciencia

No es lo mismo manifestar que bloquear

La protesta fortalece la democracia, mientras que los bloqueos restringen derechos de quienes no participan.

Cada vez que ocurre un bloqueo vuelve el mismo debate. Unos defienden el derecho de manifestación; otros reclaman su derecho a circular libremente. En realidad, el dilema está mal planteado. No se trata de escoger entre un derecho y otro. Ambos deben protegerse.

Defender la manifestación no implica aceptar los bloqueos.

Manifestar y bloquear no son sinónimos. Una manifestación permite expresar inconformidades, hacer visibles demandas o exigir cambios. Un bloqueo va más allá: impide que otras personas lleguen a su trabajo, asistan a clases, reciban atención médica, transporten mercancías o simplemente se desplacen por el país.

La diferencia parece evidente, pero en Guatemala con frecuencia ambos conceptos se mezclan. Eso termina generando la idea de que cualquier acción realizada durante una protesta queda automáticamente protegida por el derecho de manifestación. No es así.

Un estudio reciente del Cien ayuda a entender mejor el fenómeno. Entre 2016 y 2025 la Policía Nacional Civil registró nueve mil 758 manifestaciones y cuatro mil 450 bloqueos. El dato muestra que la mayoría de las protestas se desarrolló sin cerrar carreteras ni impedir el paso de terceros. Es decir, fue posible manifestar sin restringir los derechos de los demás.

También revela otra tendencia. Durante la última década los bloqueos aumentaron de manera importante. El 63% ocurrió entre 2021 y 2023. Más que un hecho aislado, parece haberse convertido en un mecanismo cada vez más utilizado para presionar al Estado.

Quienes quedan atrapados en un bloqueo rara vez tienen relación con el conflicto. Son pacientes que pierden una cita médica, estudiantes que no asisten a clases, agricultores que no sacan su producto, trabajadores que pierden su ingreso por no producir o pequeños negocios que no venden. El costo de la protesta termina recayendo sobre personas ajenas a la disputa y la mayoría de las veces los más vulnerables.

Eso fue evidente durante los bloqueos de octubre de 2023. Una encuesta de la Universidad Francisco Marroquín que se realizó luego de esas acciones estimó que las ventas esperadas de los 462 pequeños negocios consultados disminuyeron 60.8%. Además, el 86.9% enfrentó problemas de abastecimiento y más de la mitad tuvo que cerrar temporalmente.

Conviene recordar que los bloqueos no responden únicamente a conflictos sociales. También se utilizan para respaldar demandas sindicales, gremiales o presupuestarias. Hace pocos meses transportistas y otros sectores realizaron múltiples bloqueos relacionadas con el alza del precio de los combustibles. Cada uno puede tener su propia opinión sobre la demanda. Lo discutible fue el mecanismo utilizado para ejercer esa presión.

Hay otro aspecto que merece atención. Cuando las autoridades ceden después de un bloqueo, el mensaje que reciben otros grupos es sencillo: bloquear produce resultados. Poco a poco esa práctica se normaliza y termina sustituyendo los mecanismos institucionales que deberían utilizarse para resolver las diferencias.

El Estado no tiene que elegir entre el derecho de manifestación y la libertad de locomoción. Su obligación es garantizar ambos. Proteger la protesta pacífica no significa permitir que se vulneren los derechos de quienes decidieron no participar en ella.

El estudio del Cien llega precisamente a esa conclusión. Recomienda proteger el derecho de manifestación y, al mismo tiempo, actuar oportunamente para evitar que los bloqueos limiten la libertad de locomoción y otros derechos fundamentales de terceros.

Una democracia necesita ciudadanos que puedan expresar sus demandas. También necesita que el resto de la población pueda seguir estudiando, trabajando, produciendo y desplazándose con normalidad. La diferencia entre manifestar y bloquear no es un detalle jurídico. Es una condición necesaria para que los derechos de todos puedan convivir.

ESCRITO POR:

María del Carmen Aceña

Ingeniera en Sistemas, con maestría en Administración de Empresas de INCAE. Vicepresidente del Centro de Investigaciones Económicas (Cien). Exministra de Educación. Amante de la vida y de Guatemala