El próximo 29 de julio se cumple un año de la captura del periodista Jose Rubén Zamora Marroquín, presidente de elPeriódico. Todo lo que ha ocurrido en torno a los tres procesos que afronta ha dejado en evidencia que lo que hubo y hay detrás de la persecución penal que emprendió el Ministerio Público (MP) en su contra es un afán de venganza por las investigaciones que develaron el accionar de las estructuras criminales y redes político-económicas ilícitas que controlan el país.

Por supuesto que el objetivo primordial fue el cierre del diario, pero también buscaron enviar un mensaje ejemplificante a la comunidad periodística: dejen de informar, investigar y publicar porque a cualquiera de ustedes le puede pasar lo mismo. Y en eso están: fabricando casos espurios e intentando utilizar —con la complicidad de jueces corruptos— la Ley contra el Crimen Organizado para perseguir periodistas y columnistas, equiparando nuestro ejercicio con una actividad criminal.

El pasado domingo 23 de julio también se cumplieron dos años del exilio forzado de Juan Francisco Sandoval, hasta ese momento jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci). Su despido arbitrario abrió las puertas para la cooptación de esa dependencia clave del MP que se convirtió en el instrumento para detener investigaciones, enterrar expedientes y beneficiar a personajes implicados en casos de gran corrupción. Al mismo tiempo la otrora emblemática Feci, empezó a encargarse de perseguir y criminalizar a operadores de justicia, líderes sociales, activistas, periodistas y opositores políticos hasta transformarse en el brazo operativo de la estrategia golpista.

Todo está concatenado, no hay casualidades. No llegamos hasta aquí de forma repentina. El libreto autoritario de la alianza corrupta se ha venido desarrollando por etapas: 1) Perseguir a las y los operadores de justicia independientes para tener al aparato judicial controlado y que éste responda a sus intereses. 2) Estigmatizar, acosar y procesar penalmente a periodistas para socavar la credibilidad de las voces críticas, establecer un discurso único y evitar que la población esté informada. 3) Criminalizar a activistas y manifestantes para disuadir la protesta y la movilización social. 4) Manipular el proceso electoral para garantizar su continuidad y acelerar el socavamiento de lo poco que nos va quedando de la democracia.

Pero este último punto no les salió como lo tenían previsto. El voto de la población vino a desbaratar los planes de que pasaran a disputar la presidencia dos contendientes afines al Pacto; y la sorpresiva llegada del partido Movimiento Semilla al balotaje desató todos los demonios. La apuesta fue entones la del “golpe judicial” en la que vuelven a ser protagonistas Consuelo Porras, Rafael Curruchiche, Cinthia Monterroso y Fredy Orellana.

Sí. Los mismos verdugos de los operadores de justicia, activistas y periodistas independientes que hoy están en la cárcel o en el exilio forzado, son los actores principales de la estrategia que puede terminar de aniquilar nuestra democracia.

Pero no nos confundamos. Los hilos los mueven personajes más siniestros que no dan la cara pero que diseñan las jugadas y ordenan las piezas y los tiempos. Las estrategias de inteligencia y contrainteligencia están activadas y conllevan, entre otras tácticas, desgaste sicológico y emocional, generación de miedo y de confusión generalizada e, incluso, represión. A todo eso nos enfrentamos.

Pero hay un factor que no controlan y con el que no han podido lidiar. La increíble capacidad de resistencia de nuestro pueblo que se expresa aún en las más complejas circunstancias y que, ahora mismo, les sigue complicando la partida a pesar de todo el poder que acumulan. Resistimos en las urnas y ahora, de nuevo, lo hacemos en las calles.