Ante el irrespeto mostrado al pueblo guatemalteco por el presidente, la fiscal general, las cortes y el Congreso, es necesario estar conscientes de que Guatemala es una democracia híbrida, en peligro de convertirse en una dictadura. Prueba de ello es que quienes integran el gobierno están totalmente desconectados de la realidad nacional, promoviendo la impunidad y ultrajando el estado de Derecho.

El Gobierno ha emprendido una serie de acciones que violan todos los principios democráticos, con el único objetivo de mantener y fortalecer la impunidad y proteger los intereses de los grupos de poder en el país. El pueblo sufre de una profunda desilusión de todas las instituciones estatales. Aunque una parte de la ciudadanía se volcó a manifestar hace algunos días, pidiendo las renuncias del presidente y la fiscal general, no causó ningún impacto para ellos, tampoco les importó el rechazo internacional por sus acciones.

El círculo vicioso de la corrupción continuará desde que Jimmy Morales salió corriendo para ser juramentado en el Parlacén, tapándose con el manto de la impunidad, y nadie protestó. Así se garantizó en paralelo que Giammattei tuviera tarjeta blanca para hacer un gobierno corrupto con toda tranquilidad. Gracias al “legal” pero no “legítimo” Parlacén, que debería estar enterrado hoy mismo.

Es alarmante checar el índice de democracia a nivel mundial, que se calcula a partir de 60 indicadores ubicados en cinco categorías: proceso electoral y pluralismo, libertades civiles, funcionamiento del gobierno, participación y cultura políticas. De allí se categoriza a los 167 diferentes países evaluados en cuatro tipos: “democracias plenas, imperfectas, regímenes híbridos y autoritarios”. Según el informe del 2020, Guatemala ocupa el lugar 97, con un puntaje de 4.97/10, lo que nos sitúa en un régimen híbrido, es decir un sistema político que mezcla características de democracia y autoritarismo.

Si Guatemala fuera Noruega, que ocupa el primer lugar del mundo como una “democracia plena”, entonces, ante un abuso de autoridad como el que se cometió aquí, los ciudadanos estarían plantados frente al palacio de gobierno y el Ministerio Público exigiendo las renuncias de los dos titulares de esas instituciones. No serían solo los 48 cantones, sino toda la población, sin importar si es indígena o ladino, rico o pobre; estaríamos manifestando todos y viendo resultados. El Colegio de Abogados estaría más indignado que nadie y el Congreso, pidiendo renuncias. Pero nuestra cruda realidad es otra, los expertos ya advirtieron de que Guatemala está a punto de convertirse en un régimen autoritario o en una anarquía.

Y no es “consuelo de tontos”, pero este año tan solo 22 países fueron clasificados como “democracias completas”, en las cuales se respetan plenamente las libertades civiles y políticas fundamentales, donde existe una cultura compatible con la adhesión a los principios democráticos que la presionan. Estos países tienen un sistema legítimo de controles y contrapesos gubernamentales y un sistema judicial verdaderamente independiente. Los gobiernos funcionan adecuadamente y los medios de comunicación son libres.

La democracia está amenazada en todo el mundo, debido a la erosión de las libertades civiles, la disminución de la confianza en las instituciones y la restricción de la libertad de expresión. Sin ir muy lejos, países como EE. UU., “los campeones de la democracia”, Japón y Bélgica, han sido catalogados como democracias imperfectas, pero al menos son países ricos, hay educación y salud. La corrupción se controla y motiva despidos inmediatos. Guatemala está al borde de convertirse en un régimen autoritario, o cambiamos ya o nos hundimos.