Estados Unidos
Fundamentos
Preservar el patrimonio nacional electoral
Los magistrados pueden contar con recursos valiosos para preservar nuestro patrimonio electoral.
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Muy pocos recuerdan hoy cómo solían ser los procesos electorales en Guatemala antes de 1985. Con una autoridad no independiente que solía transmitir resultados muy lentamente, conteos que se efectuaban sin la presencia de medios u observadores, informes electorales de los departamentos que procedían de telegramas de dudoso origen, juntas electorales integradas por obligación, papelería electoral trasladada por el Ejército y bolsas que contenían papeletas que terminaban en los oscuros sótanos de la Municipalidad o en las bodegas del Congreso. Con la suma de todos estos factores, era frecuente la sensación de que se cometían fraudes en cada evento electoral.
Pero todo ello cambió. Con un marco constitucional diferente que creaba una nueva institución —el Tribunal Supremo Electoral— y el acierto de haber depositado la responsabilidad de manejarlo en una generación de juristas de gran respeto, en pocos años pasamos de elecciones permanentemente cuestionadas a tener un sistema electoral confiable, transparente y participativo. Las piedras angulares de ese nuevo sistema fueron pocas, pero decisivas. La integración temporal, por ciudadanos voluntarios, de las juntas electorales. Un sistema de registro de la voluntad popular basada en papel y en actas, cuyas copias debidamente firmadas por todos quedaban en manos de los distintos fiscales de partidos. Un sistema de transmisión preliminar de resultados que permitía agilizar el conocimiento de los resultados electorales, además de permitir en forma transparente que cualquier persona pudiera corroborar que el resultado que se cargaba en el sistema correspondiera con el que tenía en la copia de su acta. Con esa carta de navegación, sencilla pero práctica, los guatemaltecos tuvimos casi 40 años de paz política.
Las piedras angulares de nuestro sistema electoral son pocas, pero decisivas.
La tentación por cambiar algunas de esas garantías ha existido siempre. Intereses económicos, intenciones de control político o simplemente los incentivos perversos de la corrupción han gravitado en torno de las autoridades electorales para convencerlas de adoptar este o aquel sistema. Pero hasta hoy se han estrellado contra ese firme consenso construido por cuatro décadas de experiencia. Sin embargo, los incidentes de 2023 han castigado la confianza en las instituciones y en los procesos. Esta es la primera vez que la ciudadanía tiene una apreciación negativa sobre la transparencia electoral. Es decir, por primera vez, los intereses económicos, las intenciones de control político o los corruptos son los que podrían tener la mesa servida para intentar destruir un sistema que ha sido un auténtico patrimonio de los guatemaltecos.
Tenemos nuevas autoridades electorales. Ellos tendrán la responsabilidad de dos eventos eleccionarios. Por supuesto que todo es mejorable. También hay que aprender de las experiencias negativas para hacer los ajustes necesarios. Pero ello no debe llevar nunca a comprometer esas piedras angulares a las que hacíamos referencia arriba. Hacerlo sería como dispararnos en el pie.
¿Qué hacer? Preservar el recurso humano interno que sabe y conoce cómo realizar un evento electoral. Buscar a personas referentes de la sociedad que han contribuido en estas cuatro décadas para escuchar consejo u orientación. Acercar a las instituciones serias y creíbles que han hecho observación electoral y leer cuidadosamente sus reportes. Allí encontrarán historia valiosa de lo que ha funcionado y lo que no. Por último, acercarse a las instituciones de servicio para que pueda promoverse el voluntariado a través de ellas. Hagamos ciudadanía preservando nuestro patrimonio.
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