Ya se imaginarán, estimados lectores, el nivel de colapso en que está el sistema de justicia si un reo implicado en cinco casos de corrupción tiene el poder de convocar a jueces, postuladores, políticos y diputados para definir qué magistrados llegarán a las cortes del país. El caso “Comisiones paralelas 2020: control político y judicial en manos de un privado de libertad”, presentado por el fiscal Juan Francisco Sandoval, no pudo tener mejor denominación que esa, porque refleja la esencia de cómo el crimen tiene la capacidad de incidir en el futuro de la justicia. Gustavo Alejos representa lo más oscuro de la política y los negocios porque sirve a los poderes fácticos. Precisamente llegó a ser el secretario privado del presidente Álvaro Colom y luego financista de Sandra Torres gracias a los millonarios aportes que hizo a la UNE y que obtuvo como parte de la red de operadores que han manipulado los procesos de licitación y compra a favor de las farmacéuticas.

Todo estaba calculado desde hacía tiempo para controlar la justicia. En noviembre pasado, la jueza Eva Recinos, que cubría las vacaciones de Érika Aifán, benefició a Alejos permitiendo que saliera de la cárcel y se internara en el sanatorio Ciudad Nueva, zona 2. Un mes antes, la jueza Claudette Domínguez autorizó el internamiento de Sandra Torres. ¿Saben dónde? En el mismo sanatorio Ciudad Nueva. Luego, en enero, Recinos, también en calidad de jueza suplente, dejó en libertad bajo fianza a Torres. ¿Coincidencias de beneficios para dos aliados? Para nada. Gracias al “favor” de la jueza Recinos, Alejos pudo acondicionar el anexo del sanatorio como su centro de operaciones, incluyendo licores y carnes premium, muy alejados del concepto médico, lo que deja ver el contubernio de las autoridades de ese hospital. La lista de legisladores colocada en un refrigerador podría indicar la compra de voluntad, y eso implica que Alejos tendría padrinos, ya sea del sector empresarial o del crimen organizado, para pagar a precio de oro los futuros votos de los diputados.

El caso presentado por la Fiscalía Especial contra la Impunidad evidencia la forma descarada en que se negocia la justicia y cómo jueces, diputados y políticos se prestan a corromper el sistema. Se sabe que en la nómina de 26 candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia la mayoría responde a los intereses de Alejos y Roberto López Villatoro, alias el Rey del Tenis. Casualmente en enero pasado, Villatoro logró que se suspendiera el juicio en su contra por, también casualmente, incidir en las postuladoras. La podredumbre de este proceso de elección aumenta cuando se sabe que varios comisionados eran al mismo tiempo candidatos a magistrados y que 12 de los 13 actuales magistrados de la Corte Suprema de Justicia formaron parte de las postuladores, con lo que pudieron elegir a sus sucesores. Tampoco es casual que en el listado de aspirantes predominen magistrados de Apelaciones que ahora darían el salto a la CSJ, gracias a este tráfico de influencias.

En 1993, una reforma permitió la constitución de las postuladoras que se veían como la solución para lograr la transparencia en la elección de magistrados. Poco duró el gusto porque el nuevo mecanismo resultó peor que el anterior. Comenzaron a multiplicarse universidades privadas con facultades de Derecho fantasma que votaban igual que las legítimas y proliferaron operadores como Gustavo Herrera y el Rey del Tenis, que eran la cara visible de los poderes fácticos y el crimen organizado. Ahora de nueva cuenta se quieren imponer magistrados a la medida de los poderes paralelos. Por ello es fundamental suspender este proceso podrido y repetirse desde el principio, como paso previo a la necesaria reforma constitucional. No podemos permitir que otra vez la criminalidad imponga sus reales sobre la justicia.