Estados Unidos
Meta Humanos
¿Puede no importarnos la movilidad?
Se trata de construir acuerdos alrededor de algo que nos une: el derecho de las personas a desplazarse con seguridad y dignidad.
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No importa dónde vivimos, cuánto ganamos, nuestra edad, nuestras creencias o nuestra posición social: todos necesitamos desplazarnos y todos dependemos de un sistema que, hoy, nos está pasando factura.
El tráfico nos roba tiempo que podríamos dedicar a nuestras familias, al descanso, al estudio o al trabajo. Los siniestros viales destruyen vidas, dejan familias incompletas y generan consecuencias económicas y emocionales que trascienden a las víctimas. La contaminación afecta nuestra salud, mientras que las ciudades diseñadas principalmente para los automotores limitan la autonomía de quienes caminan, utilizan el transporte público, se movilizan en bicicleta o viven con alguna discapacidad.
No son problemas aislados. Son consecuencias de una misma visión: intentar mover vehículos, en lugar de garantizar que las personas puedan llegar a sus destinos de manera segura, digna y eficiente.
Guatemala necesita un marco general que nos permita construir una visión compartida de país. Por eso es importante la iniciativa de ley 6551 que Biciudad y Apasit impulsan junto con distintos actores y representantes del Congreso de la República. La propuesta busca establecer principios, orientar las políticas públicas y coordinar los esfuerzos institucionales para que la movilidad y la seguridad vial dejen de abordarse de manera fragmentada.
Uno de sus elementos fundamentales es la creación del Consejo Nacional de Movilidad y Seguridad Vial (Conams), concebido como un espacio de coordinación entre las instituciones responsables. La iniciativa también plantea una política intersectorial nacional, una estrategia de largo plazo y un sistema de información que permita tomar decisiones con base en evidencia.
Es momento de reconocer que ninguna solución individual será suficiente si no transformamos el sistema que compartimos.
Pero ninguna estructura será suficiente si no cambiamos también el enfoque. Nuestra movilidad necesita una visión humana. Debemos diseñar ciudades y sistemas de transporte que pongan a las personas y a las familias en el centro. Que permitan a una niña caminar a su escuela, a una persona mayor cruzar una calle con seguridad, a un trabajador llegar a tiempo a casa y a una familia disfrutar del espacio público sin sentir que está poniendo su vida en riesgo.
La iniciativa de ley representa una oportunidad para avanzar en esa dirección. No se trata de defender intereses particulares ni de imponer una única forma de movilizarse. Se trata de construir acuerdos alrededor de algo que nos une: el derecho de las personas a desplazarse con seguridad y dignidad.
El tráfico y los siniestros viales son señales de que hemos pensado demasiado en términos individuales. Cada quien intenta encontrar su propia salida, mientras el problema continúa creciendo para todos. Es momento de reconocer que ninguna solución individual será suficiente si no transformamos el sistema que compartimos.
La movilidad es una responsabilidad colectiva. Necesitamos que el Congreso avance en la discusión de esta iniciativa, que las instituciones asuman su papel, que las empresas contribuyan, que las comunidades participen y que la ciudadanía exija políticas públicas con visión de largo plazo.
No podemos seguir normalizando las horas perdidas en el tráfico ni aceptar las muertes viales como un precio inevitable del desarrollo. Construir una mejor movilidad no consiste simplemente en movernos más rápido: consiste en vivir mejor. El llamado es a actuar juntos.
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