Estados Unidos
De mis notas
Puertos: buena ley con los viejos vicios
El desafío de siempre: quitarnos al Estado de encima para poder producir sin obstáculos.
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Las bendiciones de nuestra geografía, con dos océanos a nuestro servicio, son una ventaja que nunca hemos sabido aprovechar. Puerto Quetzal, en el Pacífico, y Santo Tomás de Castilla junto a Puerto Barrios, en el Atlántico, cargan casi todo lo que el país importa y exporta —y también cargan el peso de su abandono—.
El problema, como casi siempre, no está en el diagnóstico. Está en quién se queda administrando la cura.
El problema hoy es crítico: el sector empresarial reporta demoras de hasta 90 días para descargar buques, con un promedio de 40 naves fondeadas esperando hasta 37 días. Según Agexport, ese cuello de botella cuesta al país entre US$16 y US$35 millones. El costo por tonelada de carga a granel, calcula AmCham, pasó de US$4 a casi US$70 solo por las esperas. Ese sobrecosto se traslada al precio de la materia prima y de ahí a los insumos de la canasta básica.
Por eso la Ley General del Sistema Portuario, aprobada de madrugada el 5 de agosto con 123 votos, es una buena noticia. Crea la Autoridad Portuaria Nacional (APN), ordena competencias dispersas entre instituciones obsoletas y abre la puerta a la inversión que los puertos guatemaltecos llevan medio siglo esperando. El problema, como casi siempre en este país, no está en el diagnóstico. Está en quién se queda administrando la cura.
El poder real que consolidó la ley es el problema. De los cinco asientos del Directorio de la nueva Autoridad, cuatro responden directa o indirectamente al presidente —su propio designado, que preside, más los ministerios de Economía, Comunicaciones y Gobernación—. El único contrapeso es un representante del Consejo de Usuarios, integrado por las cámaras empresariales. El riesgo es que un solo despacho presidencial controle, casi sin freno, contratos que pueden extenderse hasta cien años entre plazo original y prórroga.
Vale preguntarse también quién empujó esta ley y con qué incentivos. Durante meses, el presidente del Congreso, Luis Contreras, y diputados como Jorge Ayala y Thelma Ramírez —esta última “defendiendo” la estabilidad laboral de los trabajadores de Empornac— negociaron directamente con la Empresa Portuaria Santo Tomás de Castilla los términos finales del proyecto. Esa cercanía, en los vericuetos de la mediación legislativa chapina, tal vez no son en sí mismos malos. Pero cuando la ley termina otorgando al Ejecutivo la mayoría del Directorio de una entidad con Q200 millones de arranque garantizado y contratos multimillonarios por delante, cabe preguntarse si el diseño institucional con tales incentivos protege al Estado o simplemente cambia de dueño la silla.
La ley sí acertó en algo: permite la externalización real de la operación portuaria. A través de los Contratos de Administración Portuaria (CAP) y los Usufructos Onerosos Portuarios (USOP), un ente privado podrá encargarse de descarga, maquinaria y terminales completas. El vacío está en quién vigila esos contratos después de firmados.
Pero, toda licitación de este tipo debería exigir, en el comité evaluador, la participación de una verificadora internacional independiente —del tipo que certifica estándares portuarios en Panamá o Chile— con voto técnico vinculante, y someterse después a auditorías periódicas y públicas sobre su cumplimiento. No se trata de que un tercero extranjero sustituya al Estado en sus licitaciones, sino de que la APN, controlada en sus cuatro quintas partes por nombramientos del Ejecutivo, no termine siendo juez y parte de sus propios contratos.
El decreto está en manos del presidente Arévalo, quien deberá sancionarlo o vetarlo. La modernización portuaria es urgente, pero una ley bien intencionada, capturada por un solo despacho y sin ojos externos que la vigilen, terminará pareciéndose a lo que decía venir a sustituir.
El desafío de siempre: quitarnos al Estado de encima para poder producir sin obstáculos.
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