Estados Unidos
Construyendo ideas
¿Quién protege al ciudadano?
Cuando participar parece más riesgoso que guardar silencio, el problema deja de ser de una organización.
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En La mansión del pájaro serpiente, Virgilio Rodríguez Macal describe un mundo donde sobrevivir exige reconocer peligros. En una República debería ocurrir algo distinto: ningún ciudadano tendría que calcular los riesgos de ejercer un derecho reconocido por la Constitución. Lo sucedido con los voluntarios de Poder Ciudadano nos obliga a preguntarnos si participar comienza a requerir más valentía que guardar silencio.
El artículo 277 de la Constitución permite que cinco mil ciudadanos empadronados propongan reformas constitucionales.
Poder Ciudadano reunió 16,500 firmas para proponer una reforma judicial. Detrás de ese esfuerzo hubo voluntarios que dedicaron fines de semana a instalar mesas, conversar y recoger firmas. No eran funcionarios cobrando un salario del Estado. Eran guatemaltecos ejerciendo un derecho.
El artículo 277 de la Constitución permite que cinco mil ciudadanos empadronados propongan reformas constitucionales. No les garantiza que su propuesta sea aprobada. Les garantiza la posibilidad de presentarla. Esa diferencia es esencial: participar no significa tener la razón, sino tener derecho a ser escuchado.
La Corte de Constitucionalidad otorgó un amparo provisional que suspendió el trámite y ordenó verificaciones. Posteriormente aclaró que no exige peritajes grafotécnicos individuales. Verificar la autenticidad de las firmas es legítimo; nadie puede pedir que se renuncie a los controles. Pero también debemos preguntarnos si las exigencias impuestas son proporcionales y qué garantías tienen quienes colaboraron de buena fe.
Según Poder Ciudadano, sus dirigentes y voluntarios sufrieron amenazas y seguimientos. La organización anunció que retiraba la iniciativa para protegerlos. Estas denuncias deben investigarse. Pero el solo hecho de que una asociación considere necesario abandonar un mecanismo constitucional por temor a la seguridad de sus colaboradores merece atención.
Aquí está la contradicción: exigimos ciudadanos valientes para denunciar delitos, fiscalizar al poder, combatir la corrupción y proponer soluciones. ¿Qué mensaje enviamos cuando quienes se involucran terminan preocupados por su integridad o por posibles consecuencias penales?
No necesitamos coincidir con Edgar Ortiz, con Poder Ciudadano ni con una sola línea de su propuesta para defender el derecho de sus voluntarios a participar. Las garantías constitucionales no pueden depender de quién presenta una iniciativa, de su popularidad o de las simpatías que despierte en los círculos del poder. El principio debe ser general.
Hoy se discute una reforma judicial. Mañana podría ser una propuesta sobre seguridad, educación o salud. Si el costo de participar se vuelve incierto, el efecto no se limita a una organización: alcanza a cualquiera que piense dedicar tiempo y esfuerzo a una causa pública.
El Congreso, la Corte de Constitucionalidad y otras instituciones tienen funciones diferentes. Deben actuar con legalidad, proporcionalidad y respeto a los derechos de los ciudadanos. La Constitución no puede convertirse en una promesa de participación que, al intentar ejercerla, se encuentre con obstáculos imprevisibles.
Ante las elecciones de 2027, conviene recordar que la democracia no se agota en depositar un voto. También vive en la libertad de organizarse, preguntar, exigir cuentas y proponer cambios, incluso cuando resultan incómodos para quienes toman decisiones.
En la selva, el miedo puede ser una condición de supervivencia. En una República, las leyes y las instituciones existen precisamente para que el ciudadano no tenga que vivir bajo esa lógica. El mayor peligro no es que una propuesta sea rechazada; eso puede ocurrir en democracia. Es que el próximo voluntario concluya que es más seguro quedarse callado.
Cuando participar parece más riesgoso que guardar silencio, el problema deja de ser de una organización. Es un problema de todo un país.
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