Estados Unidos
A contraluz
Reforma de la justicia
La sociedad se derrumba cuando la justicia está al servicio de facciones políticas.
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Las sociedades no colapsan solo cuando fracasa la economía o cuando la violencia se desborda. También se derrumban cuando la justicia deja de ser independiente, se vuelve títere de facciones políticas y se utiliza para administrar venganzas. Cuando un sistema judicial deja de ser árbitro y se somete a los designios de las élites y de la partidocracia, la sociedad pierde uno de sus pilares fundamentales.
Mientras numerosos casos de corrupción están paralizados o los implicados salen absueltos, la justicia ha sido utilizada para atacar a fiscales anticorrupción, jueces independientes, periodistas, dirigentes indígenas y defensores de derechos humanos, quienes afrontan investigaciones penales, prisión o exilio. Es un patrón de criminalización que ha abonado en un mayor deterioro del Estado de derecho.
Uno de los casos más ilustrativos de esta sórdida realidad es el del exfiscal Stuardo Campo, quien dirigió investigaciones de alto impacto contra redes de corrupción, pero precisamente por ello fue capturado durante la gestión de la fiscal general Consuelo Porras. Ahora enfrenta tres procesos penales y permanece en prisión preventiva. Pese a que hace un año el Tribunal Décimo de Sentencia Penal lo absolvió del caso Alfa Siete por falta de pruebas, el pasado lunes la Sala Cuarta de Apelaciones Penal anuló la sentencia absolutoria y ordenó repetir el juicio.
La reforma de Poder Ciudadano buscaría fortalecer la independencia judicial, la transparencia y la carrera judicial.
Los magistrados que cometieron esa injusticia fueron Fernando Rodas, exfuncionario del gobierno de Alejandro Giammattei; Marcelo Sarti, abogado de la familia de Jimmy Morales; y Mónica Fortín, hija de Ana María Villegas, exdiputada señalada en el caso Comisiones Paralelas 2020. No se trata solo de un encarcelamiento arbitrario, sino del mensaje que reciben jueces y fiscales: investigar a los poderosos puede tener costos devastadores.
La propuesta de reformas al sistema de justicia, impulsada por la asociación Poder Ciudadano, representa un reconocimiento de esa inocultable realidad: el problema no consiste en la modernización de los tribunales o la agilización de los expedientes. Eso sería un cambio meramente cosmético. No, el verdadero desafío es recuperar la independencia de las instituciones encargadas de la aplicación de la ley porque la justicia ha sido instrumentalizada de manera selectiva.
Esta iniciativa identifica entre los problemas que las comisiones de postulación han sido cooptadas por operadores políticos, la incidencia político-partidista en el nombramiento y remoción de las altas cortes, los ciclos constitucionales alineados a los ciclos políticos y la ausencia de mecanismos claros y proporcionados de remoción. La reforma buscaría fortalecer la independencia judicial, la transparencia y la carrera judicial. Un elemento clave es la búsqueda de reducir la influencia de los diputados en el nombramiento de magistrados de Salas de Apelaciones y Corte Suprema. Ha sido obvio que las elecciones de segundo grado en el Legislativo han facilitado la captura de la justicia para favorecer intereses políticos.
Entre los aspectos positivos de esta propuesta estaría la eliminación de las postuladoras que se han convertido en un sistema clientelar que facilita la negociación política-económica. El fortalecimiento de la carrera judicial para promover por mérito y antigüedad que evite la dependencia de los jueces hacia quien los nombra. La renovación escalonada, lo cual impediría que un solo bloque político pueda tomar una corte completa, como ocurre actualmente. La remoción con garantías podría dificultar el uso político de la destitución, así como la impunidad de magistrados cuestionados. Creo que vale la pena apoyar esta iniciativa.
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