No pretendo en estas líneas constituirme en juez, ni mucho menos, del asunto por el cual se investiga a elPeriódico y a su presidente, Jose Rubén Zamora. Sin embargo, creo que ninguna persona que estime la libertad de prensa y de expresión del pensamiento como elementos nucleares de una sociedad libre puede pasar por desapercibido este caso.

Sobre los hechos, creo que ya hay suficiente información de público acceso; sin embargo, hay ciertos aspectos de este affaire que no pueden dejar de suscitar una preocupación por la naturaleza y alcances de la investigación reactivada.

Antes de pasar a eso, es importante referirse al marco circunstancial de la vida nacional; me refiero a que, desde hace por lo menos unos seis años, se ha desvelado ante los ojos de la ciudadanía una serie de escándalos de corrupción e impunidad al más alto nivel. Quizás pueda afirmarse que estos graves problemas ya se habían convertido en vox populi; empero, nunca antes se había llevado a la justicia a funcionarios del nivel mismo de un jefe de Estado ni se había explicado a la población, por las autoridades responsables, los hechos y circunstancias que motivaron las investigaciones, en qué consistieron los hechos posiblemente constitutivos de delito y cómo se encontraron indicios de su posible comisión.

Del lado de lo que ha ocurrido a nivel internacional, creo que no es una exageración afirmar que los principales actores de este escenario han visto los acontecimientos de los últimos tres o cuatro años como un retroceso en la lucha contra la corrupción y la impunidad. Las sucesivas crisis migratorias han añadido dramatismo a la situación existente porque la posición oficial de las altas autoridades de los Estados Unidos vincula la corrupción y la falta de independencia de los órganos del sistema de justicia como causas directas —aunque no exclusivas— de la emigración masiva.

Dentro de ese marco, en el plano periodístico, elPeriódico y Jose Rubén Zamora se han perfilado como críticos tenaces de acciones u omisiones de autoridades de gobierno, de diputados al Congreso, de jueces y magistrados y de la fiscal general y otros funcionarios del MP en torno a la problemática indicada. Desde la sección dominical El Peladero, pasando por la cobertura noticiosa de los acontecimientos hasta los editoriales de Jose Rubén Zamora, elPeriódico ha dado una lucha sin tregua en contra de estos flagelos y son numerosos los funcionarios de todos los poderes del Estado y de los órganos del sistema de justicia que han sido objeto de sus señalamientos.

Teniendo todo lo mencionado arriba como telón de fondo, está claro que no solamente existen los motivos, sino además los medios como para que algunos de los señalados pudieran tomar represalias y, entonces, la reactivación de una investigación que tiene por objeto hechos ocurridos en 2013 y que aparentemente ya se había descartado, resulta sumamente cuestionable.

Ni el periodismo de investigación ni el de opinión existen para ganar popularidad con los funcionarios del Estado. Dentro de ciertos cánones éticos y con la mirada puesta en el descubrimiento de la verdad, los periodistas y sus medios están para cuestionar, para indagar, para presentar los hechos como son y para comentarlos y criticarlos desde los artículos de opinión. Los titulares de las funciones públicas deben respetar el ejercicio de esas funciones porque son uno de los pilares de una sociedad libre. En mi opinión, el MP debe justificar con toda claridad la reactivación de esa investigación, por respeto a la libertad de prensa y a los derechos de la ciudadanía de contar con una prensa independiente.